Julio Chojeda: “Queremos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades”

                       

El círculo vicioso de  la pobreza más discapacidad igual más pobreza es el común denominador de las historias de personas con discapacidad a quienes el Estado y la sociedad no los incluyen. Julio Chojeda Torres de 63 años trabaja como traductor en el centro Ann Sullivan de San Miguel desde hace 25 años. Como todo adulto cumple con un horario de trabajo de ocho horas diarias. Vive en Cárcamo, en el Cercado de Lima, muy cerca de los centros comerciales de Las Malvinas, entre la marginalidad y la delincuencia. No tiene familia más que sus dos hermanos ancianos de 76 y 79 años. Estuvo a punto de perder su casa cuando Cárcamo era una barriada, donde las viviendas no contaban con títulos de propiedad.

Chojeda tiene atrofia muscular espinal –fue diagnosticado a los 17 años- una enfermedad degenerativa, por lo general hereditaria, que provocan daño y debilidad muscular. Aproximadamente 4 de cada 100,000 personas tienen esta condición.

Debido a su condición, Julio se hizo traductor del idioma inglés. Para obtener mayor información sobre ella empezó a escribir cartas a diversas asociaciones estadounidenses y revistas médicas especializadas. Tocó las puertas de las embajadas, escribió cartas pidiendo donaciones.  Así aprendió inglés.

¿Qué significa vivir con una enfermedad neuromuscular progresiva, ya sea:  atrofias musculares espinales (AME), distrofia muscular progresiva (DMD), esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

De lunes a viernes, una movilidad del centro Ann Sullivan lo recoge de su casa y lo transporta al trabajo. Si otra fuera su suerte, Julio tendría que pagar entre 15 a 20 soles por un taxi hasta su trabajo. Diariamente gastaría 40 soles. “A veces los taxistas no te quieren llevar o te cobran más porque dicen que pierden el tiempo”, dice Julio. “Te encuentras con muchas caras y actitudes de rechazo en la calle”.

“¿Qué pasa cuando se vive en un barrio pobre, se tiene una familia grande, y los niños no reciben la alimentación adecuada, las proteínas adecuadas? Ese niño vivirá en un círculo de pobreza. Pero si le añades la variable de la discapacidad. La discapacidad empobrece a las familias”, dice Julio.

Por ejemplo, la silla de ruedas eléctrica que utiliza en el trabajo fue donada. Al igual de sus bastones. El precio de una  silla de este tipo, que es del año 97, es de US$8 mil dólares, las cremas apropiadas para evitar las heridas en la piel cuesta de 70 a 80 nuevos soles, hace poco tuvo que operarse un desprendimiento de retina que le costó 10,500 nuevos soles. “¿Un hombre con un sueldo mínimo de 750 soles podrá costear esto?”, pregunta Julio.

“Las personas con discapacidad no sólo tenemos barreras físicas. No tenemos acceso a la educación ni tenemos los mismos derechos. Si no tenemos los mismos derechos ¿cómo podemos competir de igual a igual? En estas condiciones no vamos a poder tener un trabajo, y sin un trabajo no vamos a poder ganar dinero y cubrir nuestras necesidades básicas que de por sí son muchas por la discapacidad. Queremos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades”, agrega.

“No tengo seguro médico por el riesgo de mi enfermedad. El seguro del Estado, como todos saben, nos deja de lado. “Nuestro sistema no ha mejorado. Si naciera en este momento, las condiciones de vida no han mejorado para las personas con este tipo de discapacidad. Sólo depende de cada uno para afrontarlo”, dice. 

Diez Canseco: “Se insistirá en la propuesta de la Ley General de la Persona con Discapacidad que fue observado por el Ejecutivo”

Postergación y exclusión por parte de gobierno cuyo discurso es la igualdad y la inclusión. Diversos sectores vinculados al tema de derechos humanos y discapacidad han manifestado su indignación y decepción frente a la observación de la Ley General de la Persona con Discapacidad por parte del Ejecutivo. Este proyecto que nació de una iniciativa ciudadana, que  reunió 120 mil firmas, y que posteriormente se debatió en la Comisión de  Inclusión Social del Congreso por  7 meses, y que fue aprobada por unanimidad con 106 votos de los congresistas, fue observada en 14 puntos por el Ejecutivo, las mismas que entran en contradicciones con las políticas que el Estado peruano se ha comprometido a aplicar cuando firmó la Convención para Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Hay que recordar que el proyecto tuvo el respaldo de varios ministerios como el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Social. Con esta ley se proponía  representar un paso adelante en la adecuación del Perú a los estándares internacionales en la materia. Entre los cambios más importantes se señalaba el paso de una visión asistencialista hacia otra de reconocimiento de derechos.

Durante la presentación del nuevo gabinete, Jiménez dijo que el proyecto de ley fue observado “con el fin de asegurar la viabilidad técnica y económica de sus propuestas”. Diez Canseco, por su parte, dice que “varias bancadas han comunicado que insistirán en la propuesta hasta promulgarla y que la Comisión de Inclusión Social ya comenzó una discusión, por lo tanto ya se presentó una moción para que el Congreso debata la observación directamente y se pueda insistir con la ley (observada)”.

Consideró, además,  que la actitud que ha tomado el Ejecutivo podría responder a “un afán de protagonismo para presentarse como el autor de la ley desconociendo la iniciativa ciudadana y el trabajo multipartidario del Congreso. No creo que tenga otro tipo de motivaciones, aunque la prensa ha dicho que las observaciones de la ley tienen nombre propio. Es lamentable”.

El presidente del nuevo gabinete, Juan Jiménez anunció que en setiembre próximo se iniciará la Primera Encuesta Nacional Especializada en Discapacidad. “Esta encuesta permitirá perfeccionar las políticas públicas que se vienen ejecutando a favor de esta importante población”, dijo el premier. Por su parte, el congresista Javier Diez Canseco, saludó este importante paso, pero dejó en claro que esta iniciativa ya había sido aprobada durante el gabinete anterior y contó con el respaldo del Ministerio de Economía que destinó 8 millones de soles para la puesta en marcha. “No hay ninguna novedad. Es un hecho positivo que se logró en la anterior gestión”, dijo el congresista.

La deserción escolar en niños sordos se ha incrementado

Para una verdadera inclusión en los colegios regulares a las personas con discapacidad se requiere tener una visión integral sobre el tema: presupuesto para la adaptación de las barreras físicas, contar con materiales educativos accesibles para las diferentes discapacidades, profesores capacitados, entre otros.

La “educación inclusiva” para niños con discapacidad no está dando sus frutos. En el caso de niños con discapacidad auditiva, habría aumentado la deserción escolar ya que muchos no entienden nada de lo que les enseñan en las escuelas regulares. A menos de un año de la década de la Educación Inclusiva, el Ministerio de Educación no tienen estadísticas sobre la deserción y tampoco parecen estarse tomando las medidas del caso.

Marita Padilla es pedagoga y tiene 18 años trabajando con niños sordos. Es co-fundadora de Fundación Pro Derechos Sordos Perú (Fundesord), un centro de atención a niños sordos que funciona como colegio. Por las tardes, niños con esta discapacidad de diferentes edades llevan clases de reforzamiento en comunicación, en matemática, en historia dictadas por una profesora, con la misma discapacidad, la misma que les enseña lenguaje de señas. El método de Fundesord es enseñarles a los niños a comunicarse a través de lenguaje de señas primero para después enseñarles el lenguaje español,  instruirlos en lo que se llama el lenguaje bilingüe para que se puedan comunicar. A las clases asisten niños de diferentes distritos como  Villa El Salvador, Ventanilla, Manchay, Los Olivos, y de diferentes colegios. La mayoría proviene del colegio Ludwig Van Beethoven, especializado en niños con sordera, creado durante el gobierno de Alan García. Tienen que asistir a las clases de Fundesord porque no entienden lo que les enseñan.

Ana Rosa tiene 12 años. Es sorda desde que tenía 3. Turna sus cursos del colegio Beethoven, al que asiste en las mañana cursando el sexto grado de primaria, y tres veces por semana debe asistir a sus clases de Fudesord, asiste en las tardes para poder aprender lo que le es negada en el colegio de educación “inclusiva”. Ella nos señala en lenguaje de señas que no aprende nada en su colegio inclusivo (Beethoven); su testimonio nos relata discriminación. “Tenemos sólo un profesor. A los sordos nos dan poca información sobre un tema. Cuando tengo dudas y pregunto, la profesora me ignora. Nos separan en dos grupos a los sordos y a los oyentes. A ellos les enseñan más, a nosotros nos enseñan en nivel básico. No entiendo las clases porque hay un solo intérprete que va sólo los lunes. Cuando quiero comunicarme con la profesora ella me ignora”, dice Ana Rosa en lengua de señas.

Comparte el salón con otros niños sordos de diferentes edades. Luis Ángel de 15 años viene del colegio “José Baquíjano y Carrillo” de Lince. Cursa el primer año de secundaria y, en lenguaje de señas, dice que tuvo que dejar el colegio porque no entiende nada. Es uno de los varios niños sordos que fueron “incluidos” en los colegios de educación regular y comparte carpetas con compañeros oyentes. En su clase había cinco alumnos sordos, ahora sólo quedan dos. Han desertado porque “las clases son pésimas”, dice Luis Ángel. “La profesora habla y habla y no entiendo nada. No tenemos intérprete”.

Actualmente, hay en 342 instituciones educativas públicas y 115 Servicios de Atención y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (Saanee).  4,477 instituciones educativas públicas de nivel primaria  inclusiva que reportan al menos un estudiante con discapacidad.

La realidad de los alumnos con discapacidad auditiva que están desertando de sus clases en colegios regulares refleja que la llamada inclusión educativo aún no ha superado varias dificultades. Hay que recordar que el 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo se divulgó la ley de inclusión para personas con discapacidad, el Decreto N° 076 dentro del marco de la “Década de la Educación inclusiva, 2003-2012”. Hasta ese entonces había colegios especiales para personas con discapacidad visual, auditiva, para niños con alguna discapacidad. Con esta ley todos los colegios especiales fueron reemplazados por los Cebes (Centros Básicos Especiales) que atienden sólo a niños con discapacidad severa, con retardo mental o con dos o más discapacidades. De acuerdo a la norma, los otros niños con discapacidad serían trasladados a escuelas regulares. Bajo esta nueva política “inclusiva”, todas las instituciones educativas tanto públicas como privadas deben atender a estudiantes con discapacidad y garantizar su permanencia y una educación de calidad. 

En contraste, Marita Padilla dice: “La deserción escolar en niños sordos se ha incrementado. Lo único que ha presentado el Ministerio de Educación son cuadros estadísticos de “éxito” de la inclusión basados en la matrícula de niños a los que sacaron las escuelas especiales para  colocarlos a colegios regulares. Yo lo llamo colocación y el Ministerio lo llama inclusión. No hay resultados favorables.  Se ha hecho una inclusión sin analizar la realidad de los docentes que no están preparados ni siquiera  al nivel educativo de los niños oyentes. El nivel de educación es bajo y además no tienen la capacidad y las metodologías para atender a los niños con discapacidad”. 

Mientras tanto, Ana Rosa quiere ser chef y está preocupada, dice, porque no sabe dónde estudiará el próximo año, cuando acabe la primaria pues el colegio Beethoven no tiene nivel secundario.  Pronto, quizás sea una más dentro de las estadísticas de personas con discapacidad que están fuera del sistema educativo.

Es necesario garantizar la calidad de la educación que reciben los estudiantes con discapacidad en el país, asegurar que la inclusión educativa no genere exclusión dentro de las aulas.

Exclusión y barreras en colegios “inclusivos”

• La Defensoría del Pueblo alerta sobre los resultados de las políticas de educación inclusiva para niños con discapacidad que se vienen implementando desde el 2003.
• Los colegios no han sido adaptados para responder frente a las necesidades de las diferentes discapacidades. La educación inclusiva debe garantizar una educación de calidad para los niños y niñas con discapacidad.

La diferencia es aplastante. Mientras que el 89% de los niños en edad escolar sin discapacidad van a la escuela, los 87% de los niños que tienen alguna discapacidad está fuera del sistema educativo. “Es una brecha enorme que el Estado debe atender”, dice Malena Pineda, Jefa del el Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad. 

A las cifras de la exclusión se suman las barreras en infraestructura de algunos colegios. Por ejemplo, 17 colegios emblemáticos que fueron construidos y refraccionados durante el gobierno de Alan García dentro de la década de la inclusión, no tienen un ingreso accesible, 4 no tienen baño adaptado y de los 14 colegios con alumnado masculino, 12 no cuentan con urinario con barras de apoyo. Es decir, a pesar de contarse con los recursos, no se tomaron en cuenta las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Además, sólo un 7% de los docentes había recibido textos, guías o materiales adaptados para estudiantes con discapacidad. Esta fue la evaluación que hizo la Defensoría del Pueblo el 2011.

Todo indica que la política educativa inclusiva para niños con discapacidad impulsaba por el Estado desde el 2003 no está dando resultados. “Está terminando la década de educación inclusiva, ¿y qué tenemos?”, se pregunta Pineda para quien evaluar el éxito de la educación inclusiva no consiste en contar el número de matriculados, porque “de qué valen las cifras de matriculados cuando los estudiantes no están aprendiendo. No basta con abrir las puertas sino hacer que los niños estudien”, dice Pineda.

Y no sólo existen barreras físicas. “El 52% de los directores no consideran a su institución educativa preparada para la inclusión. El 64% de las instituciones educativas no cuentan con un Proyecto Educativo Institucional favorable a la inclusión. El 39% de los docentes no ha recibido ningún tipo de capacitación en relación con el proceso de educación inclusiva. El 48% no cuenta con un ingreso autónomo con rampas en su frente; mientras que el 88% no cuenta con un baño adaptado para el uso de personas con discapacidad”, menciona la Defensoría.

Malena Pineda dice además que “hay niños sordos de doce años que no saben leer y, sin embargo, pasan de año. Los docentes consideran a esta metodología como inclusiva. Hay profesores que no han sido capacitados en el lenguaje de señas -el lenguaje reconocida por la Ley de Personas con Discapacidad auditiva. Los niños no aprenden y ha aumentado la deserción escolar”.

Un caso concreto es el del colegio  “Ludwig Van Beethoven”, ubicado en el Cercado de Lima e inaugurado por Alan García el 2010 como uno de los primeros centros para niños con discapacidad auditiva. Se trata de un colegio de educación primaria donde los niños sordos comparten carpetas con niños oyentes. En el ideal de la política inclusiva para grupos con discapacidad, la integración de niños con discapacidad a las aulas de educación regular les permitiría gozar de una educación integrada. Sin embargo, la realidad es otra. Los padres de familia se quejaron de que sus hijos eran ignorados por los docentes, quienes no conocen el lenguaje de señas, lengua de la comunidad de sordos reconocida por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin este conocimiento esencial para la educación de niños sordos, el aprendizaje es nulo y la deserción escolar va en aumento porque los niños no aprenden nada.

En el último informe de la Defensoría se indica que “la educación inclusiva depende de garantizar la presencia de docentes capacitados, el uso del lenguaje de señas o el sistema braille, y el apoyo individualizado al estudiante con discapacidad en los casos necesarios”. Sin embargo, el 92.11% de los docentes entrevistados, dice el informe, señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material en Braille, etc.), mientras el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de las instituciones educativas tampoco lo es.

“Las políticas están teóricamente bien diseñadas sin embargo no tenemos profesores de educación regular capacitados para atender a niños con discapacidad (…) Esta es una política que no puede seguir siendo ignorada. El Estado tiene que invertir. Enfocar la discapacidad desde el punto de vista médico y asistencialistas es desfasado. La educación es importante. Si se logra que los niños se eduquen, terminen el colegio y tengan una profesión, estaremos anulando el círculo de pobreza en el que muchas veces están inmersos los casos de discapacidad”, dice Pineda. 

Luis Miguel del Águila: “Hay una visión lastimera de la discapacidad”

La primera barrera con la que se cruzó Luis Miguel del Águila fue el prejuicio. Activista de 56 años de nivel internacional, estuvo en la última sesión del Comité Ah Hoc de las Naciones Unidas sobre Discapacidad. Trabajó en la Comisión de Discapacidad con el congresista  Javier Diez Canseco y luego con Wilson Urtecho. Estudió filosofía y tiene una maestría en Gerencia Social.

Escribe Juana Gallegos

Luis Miguel tiene distrofia muscular. La distrofia muscular es una enfermedad hereditaria que produce debilidad en los músculos que son los que producen los movimientos voluntarios del cuerpo. La más común, la distrofia muscular de Duchenne que afecta usualmente a varones, se presenta en uno de cada 3500 nacimientos. Durante varios años y debido al poco conocimiento de la enfermedad, los médicos pensaron que Luis Miguel tenía aquel tipo de distrofia progresiva que hace que la persona deje de caminar a los 8 años y que rara vez viva más allá de los 25. “Cuando estuve en el colegio, a los 12 años, la directora me dijo que ‘ese era mi final’. Eso me originó una cierta rebeldía y luego, lo que sería mi filosofía de vida: ‘vivir cada día como si fuera el último”, dice Luis Miguel desde su casa de Miraflores donde vive con sus cuatro hijos y su esposa, con quien cumplirá 30 años de casado.

Aprendió a caminar más tarde que el resto y de niño se caía constantemente. La distrofia le provocó el encogimiento de los tendones de los talones  por lo que caminaba en puntas de pie. Su visión sobre la discapacidad es heterodoxa y le repugna el estereotipo que usualmente crean los medios de comunicación y la sociedad sobre la discapacidad: “Creo que los medios de comunicación son los principales reproductores de una visión lastimera de la discapacidad (…) Hay eventos como la Teletón, por ejemplo, que bajo el discurso de la ayuda y la cooperación  le da a la gente una visión piadosa y lastimera de la discapacidad que no nos gusta, que nos repugna, que nos molesta. Queremos una mirada de igualdad y de oportunidades y de identificación de barreras”.

Y es que las primeras barreras, según Luis Miguel son las mentales. Filósofo y magister en Gerencia Social, fundador de la Asociación de Distrofia, este hombre aprendió desde muy joven lo que hacía falta para llevar las riendas de su vida. Por obligación supo que tenía que hacer el doble esfuerzo en todo por ello aprendió además que “si me quitaba en algunos lados podría aprovechar las otras partes de mi cuerpo que no tenía distrofia: mi cerebro, por ejemplo, aprendí a desarrollar mi inteligencia”.

Su educación estrictamente católica generó en él la idea de su discapacidad como un castigo. Ello despertó su rebeldía y resentimiento, cuestiones que después resolvió, dice. “Idealmente hay una autoimagen que uno construye siempre y hay una parte que no se acepta. La parte de mí que no aceptaba era la forma en que me miraban, el encuentro con el otro, que te menosprecia, te desvalora. Puedo aceptar muchas cosas pero jamás que me maltraten o menosprecien”.

La discriminación está en los ojos de la gente, cuenta Luis Miguel y trae al presente una amarga anécdota: cuando de niño iba caminando por la calle, un desconocido paró a escupirle en la cara. Fue un hecho lamentable que Luis Miguel no supo explicar. No entendía por qué alguien le haría eso si él no le había hecho nada. “Que nos enseñen nuestras diferencias para enfrentarla. En el mundo hay altos y bajos, blancos y negros, hay algunos que corren más rápido que otros, algunos que somos buenos para los números y otros que no. Es la diversidad.  No habré nacido para policía o atleta pero puedo haber nacido para filósofo o diplomático o médico”, dice.  

“Hice de mi rebeldía, mi principal motor de lucha: identificar el prejuicio de la gente con la necesidad de hacer docencia pública sobre la condición de la discapacidad como una diferencia pero no como juicio de valor. Porque las personas con discapacidad somos iguales, sentimos igual, nos enamoramos, queremos tener sexo. Pasamos por lo que pasa cualquiera”, dice Luis Miguel. A sus espaldas en los aparadores de su sala, se exhiben los numerosos suvenires de los tantos viajes que ha hecho dictando cátedra sobre la discapacidad.

“Los demás deben aprender a ver la discapacidad como parte de la condición humana, es parte de las vulnerabilidades que tiene todo ser humano. Así como la vejez, todos pasamos por discapacidades temporales como cuando nos rompemos el brazo y nos deben enyesar, o cuando se nos inflaman  los oídos que no escuchamos nada”, dice.

Añade además que existe una cierta dicotomía a la hora de ver la discapacidad: o tratamos a la persona con discapacidad con paternalismo o los sobrevaloramos. “Es herencia del enfoque médico que te dice que si eres una persona con discapacidad tienes que ser sobresaliente para tener valor. Pero las personas con discapacidad deben exigir sobre todo que la sociedad cambie. La sociedad tiene la obligación de establecer políticas públicas de oportunidades equitativas. Las principales barreras son construidas, tantas las mentales como las físicas, por desconocimiento, por dejadez (…) El Estado está jalado en políticas públicas pues no se toman decisiones, no somos tomados en cuenta. No se está cumpliendo el Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO)”, dice Luis Miguel que considera que el PIO debe pasar del Ministerio de la Mujer, que tiene enfoque asistencialista hacia el Ministerio de Inclusión  al Ministerio de Justicia.

“Algunos dicen que cuesta invertir en discapacidad. Les podría decir que cuesta más no invertir en discapacidad. Un persona con discapacidad que es excluida de la educación, de la salud, de la rehabilitación y que es excluida del trabajo se está convirtiendo en una carga para su familia y luego para el Estado. Este ahorro de no incluir a las personas con discapacidad es el peor negocio del mundo y la estupidez más soberana que un economista puede hacer. Restringir gastos en discapacidad al final significa que el Estado se hace de un muerto más costoso por no haber invertido”. 

Entrevista al arquitecto Jaime Huerta “Lima es una ciudad enemiga de las personas con discapacidad”

Rampas con demasiadas pendientes, veredas y pistas  con desniveles, en mal estado,  espacios estrechos, estacionamientos sin señalización, avenidas sin señalética adaptada,  son los obstáculos que día a día los más de 1 millón 300 mil  limeños con discapacidad se encuentran de frente en las calles de Lima, una ciudad poco amigable e inclusiva.

El arquitecto Jaime Huerta nos da sus opiniones de especialista sobre el nivel de accesibilidad que tiene la ciudad de Lima.  “Lima es una ciudad enemiga de las personas con discapacidad. No hemos tenido trabajo en accesibilidad física a excepción de las municipalidades de Miraflores y San Isidro. El transporte aún sigue siendo inaccesible. Aunque el Metropolitano y el Tren Eléctrico han significado un cierto avance, sin embargo persisten los problemas, el sistema no está pensado de manera integral. En el caso del Metropolitano, por ejemplo, los buses alimentadores no están adaptados para personas con discapacidad, en los paraderos no hay suficientes rampas, el terreno de las vías contiguas es irregular para que una silla de ruedas pueda avanzar sin problemas”, dice el arquitecto Jaime Huerta que luego de haber sufrido un accidente quedó inmovilizado de las caderas hacia abajo, convirtiéndose en usuario de silla de ruedas.

Huerta menciona que los problemas de accesibilidad dependen de las municipalidades que son las que otorgan los permisos para las construcciones. “Algunas de ellas tienen ordenanzas sobre accesibilidad, sin embargo, no existe una fiscalización posterior que las haga cumplir. Hay una serie de sanciones a las omisiones de las normas pero hasta hoy no se han puesto una sola”, dice.

Desde 1978 existen leyes urbanas y arquitectónicas públicas y de uso público que no se cumplen. Los edificios del “boom inmobiliario”, por ejemplo, sólo están obligados a construir rampas hasta el hall de los ascensores, dice el arquitecto. “En los programas de departamentos de Mi Vivienda y Techo Propio no se cumplen las normas de accesibilidad. En el primero, porque las puertas son muy estrechas para un usuario de silla de ruedas y en el segundo, porque las escaleras, por lo común, son de caracol. Por estandarizar y hacer las construcciones más baratas se han olvidado de las personas con discapacidad”, señala.

La accesibilidad no sólo se refiere a la accesibilidad física sino a la sensorial. La ciudad no tiene ningún tipo de señalización de las calles para los ciegos. Tampoco existen señales visuales para los sordos.

“Una ciudad accesible debe tener rutas accesibles, debe tener rampas en sus pistas para las personas con sillas de ruedas, un transporte accesible, los edificios deben tener accesibilidad en los sitios donde se atienden a las personas. Se requieren intérpretes de señas, al menos en las instituciones del Estado, que haya una señalética adecuada para los ciegos. Se requieren estacionamientos accesibles. Los establecimientos como los centros comerciales y restaurantes deben tener servicios higiénicos accesibles”, señala el arquitecto.

Son varias las leyes y normas que no se cumplen respecto al problema de la accesibilidad. Aquí están: la Ley N°27050, Ley General de Personas con Discapacidad, que debería aplicar sanciones por su no cumplimiento, la norma A120 que regula todas  las formas de cómo se debe construir las edificaciones de forma accesible, la ley que regula los estacionamientos para personas con discapacidad y la atención preferencial. Algunas de ellas no se cumplen porque no hay un reglamento.

Huerta dice que San Isidro sería el distrito más accesible, seguido por Miraflores. Sin embargo, el círculo vicioso de la discapacidad: a más pobreza, más discapacidad y más inaccesibilidad se reproduce en los distritos más pobres, en los conos de la ciudad. “Los distritos que tienen cerros son inaccesibles. Los alcaldes inauguran escaleras que no auspician una verdadera inclusión, dice el arquitecto.

Si nos comparamos con otros países, por ejemplo, “en Estados Unidos existe una ley muy estricta llamada ADA (Acta para personas con discapacidad en español) que es de estricto cumplimiento. Se sanciona con 500 dólares de multa por ocupar el estacionamiento de las personas con discapacidad, si se discrimina a unas personas con discapacidad con seguridad te llevan a juicio. En New York hay ómnibus especiales para personas con discapacidad”, dice Huerta.

Finalmente, el arquitecto menciona que no existe un conocimiento del Estado sobre el tema de discapacidad. Las normas sobre el tema se lo dejaron a los médicos y luego a los funcionarios que no tienen ni idea de lo que significa realmente una ciudad accesible.  

La sociedad suele confinar a las mujeres con discapacidad más que a los varones

“Musas, mujeres que inspiramos cambios” es una asociación que reúne a mujeres con diferentes tipos de discapacidad. Fue creado el 2005 con la finalidad de “crear conciencia de que las personas con discapacidad tenemos potencialidades que debemos desarrollar”, dicen las asociadas.

Su núcleo duro está conformado por cinco mujeres. La inaccesibilidad y las barreras arquitectónicas en diferentes espacios ha sido el caballito de batalla de las MUSAS. Tres de ellas comparten sus historias y sus propuestas como activistas.

Madezha Cépeda es la fundadora de MUSAS. Introdujo el tema de género en la visión de la discapacidad siguiendo la tendencia de varias lideresas del mundo que se ocupan del tema con una peculiar visión. Madezha es invidente, nació con una atrofia de retina que le hizo perder la visión. Tuvo oportunidades, fue a la universidad y estudió educación. Tiene una maestría en Inclusión de Personas con Discapacidad que terminó en España.

“Vivimos la discapacidad como si la dificultad fuera nuestra y que tenemos que ver cómo hacemos para resolverla. Esa es una perspectiva de un enfoque médico de la discapacidad, un enfoque asistencialista. Un enfoque de derechos, más bien, dice que hay obstáculos que se tienen que eliminar porque si tengo características específicas necesito sitios accesibles. No queremos dar la visión de víctimas o pobrecitas, ni tampoco confrontacionales”, dice Madezha.

A Mery Díaz le alcanzó una bala perdida cuando tenía 17 años en medio de una pelea de pandillas en San Juan de Miraflores.  La bala se introdujo en su columna vertebral y perdió la movilidad del cuerpo de las caderas hacia abajo. Se moviliza con una silla de ruedas y participa activamente de MUSAS desde hace 5 años. Aprendió que la “discapacidad le puede pasar a cualquiera y, obviamente, lo primero que pensé cuando me sucedió el accidente fue que mi vida iba a cambiar”. Terminó la secundaria en un colegio acelerado. La principal barrera que se encontró fueron los obstáculos físicos.  “El transporte es inaccesible. Antes, no me movilizaba porque no teníamos dinero para pagar el taxi. Como mi salón del colegio quedaba en el segundo piso mi hermano tenía que cargarme”, dice Mery.

Mery, que vive en Lima Sur ha logrado que cinco establecimientos adaptaran rampas y/o ascensores. En el Cine Star de San Juan de Miraflores, logró que se activara un ascensor. En Open Plaza – Atocongo logró que se instalen unas rampas en la parte de las veredas y un ascensor, y una rampa más en el Centro Educativo Ocupacional “Margarita Dammert” que da clases a mujeres con discapacidad.

“Después de seguimiento constante tuvimos estos logros que demoraron hasta 5 meses en ser efectivos con previa advertencia de que si no lo hacían iban a quejarse en la Defensoría del Pueblo”, dice Mery. “Es que la municipalidad entrega licencias de funcionamiento sin verificar de que sean accesibles, solo verifican la seguridad para las personas sin discapacidad. Si bien nosotras logramos algunos cambios pero no es suficiente. Se debe impulsar la creación de una ordenanza y que se garantice el cumplimiento”, continúa.

A Giovanna Reyes le dio polio cuando tenía 7 meses de nacida.  Vivía en Collique, en un asentamiento humano ubicado en un cerro del distrito de Comas, la enfermedad la postró en una cama y hasta los 11 años no conocía nada más que el pequeño espacio de su habitación. Ahí pasaba el día viendo televisión o leyendo los periódicos. No se atrevió a salir hasta que  tuvo que viajar a Piura. Vivió durante años en un asentamiento ubicado en un arenal. Naturalmente, las muletas que la ayudaban a caminar se hundían a cada paso.

Se ha integrado a MUSAS y también participa en el programa de accesibilidad que impulsa MUSAS. Ella ha ubicado diferentes puntos inaccesibles en un tramo de la Avenida Túpac Amaru, la principal avenida de Comas. Del kilómetro 9 al 14 ha ubicado escaleras peatonales que no tienen rampas, o puentes peatonales que son totalmente inaccesibles para personas con sillas de ruedas. “El paradero Naranjal  del Metropolitana, por ejemplo, es inaccesible. No existe una rampa especial para tomar el bus. Es más, los buses alimentadores que transporta a la población desde los distritos más apartados por los conos, no son accesibles”, dice Giovanna.

Además de cumplir con su misión de abrir más espacios accesibles, las MUSAS se dedican a rescatar a mujeres con discapacidad que viven confinadas en la pobreza, escondidas por sus propias familias. Mediante la base de datos de las promotoras de salud, que llegan a los lugares más remotos de la ciudad, las MUSAS conocen las historias de mujeres como Maritza a quien encontraron en una pequeña habitación  en el AA.HH. de Pamplona en San Juan de Miraflores, debido a su discapacidad física. Fueron hasta su casa y la encontraron en un espacio húmedo, sobre una cama oxidada. Nunca salía y vivía de caridad, cuenta. Finalmente, las MUSAS  le proporcionaron una silla de ruedas que consiguieron por una colaboración. Así han encontrado a otras mujeres en: Puente Piedra, en Villa María del Triunfo, en Collique. “Ya sea por la inaccesibilidad o por la sobreprotección de los padres, estas mujeres no logran salir de su entorno que las termina marginando”, dice Madezha.

Estas tres mujeres activistas son madres. El hecho de integrar el concepto de género en el tema de discapacidad nació porque usualmente sobre las mujeres con discapacidad, recae la sobreprotección de los padres y la falta de liderazgo en su vida social.  “La familia ve a la mujer con discapacidad más débil aún. Los hombres suelen realizarse con más frecuencia y relegan a las mujeres”, dice Madezha.

El hecho de ser mujer y de tener una discapacidad, según MUSAS, encierra una doble marginación. Además, el hecho de ser mujer y pobre las relega aún más, dice Madezha. Según el Registro de  Personas con Discapacidad de CONADIS, en el Perú hay 43,000 personas con alguna discapacidad, de este número el 38% son mujeres. Las MUSAS pretenden empoderar a este grueso de mujeres. Primero reconociéndolas como personas capaces de emprender cambios con su vida y con su entorno. 

Habrían más aseguradoras que discriminan a jóvenes con Síndrome Down

Siguen abusos. Madre denuncia que CAFA-SE y La Positiva tampoco admiten a personas con Síndrome  Down entre sus asegurados

Al caso de Sandra Céliz Rossi, la joven de 25 años con Síndrome Down a la que le fue negada una póliza de seguro médico por Rímac Seguros, le seguirían otros casos más de discriminación. Liliana Méndez Navarro es la madre de Carlos Gómez Méndez, otro joven con Síndrome Down de 24 años quien fue retirado del seguro de sepelio familiar de CAFAE-SE. La representante de la aseguradora le dijo que su hijo no podría hacer uso del seguro ya que el servicio no incluía a “personas con problemas mentales, con cáncer o con sida ya que son personas con riesgo de vida y a ninguna aseguradora le conviene asegurar a las personas con discapacidad, me dijeron”, cuenta la señora Méndez. 

CAFAE-SE simplemente sacó a su hijo de la base de datos del seguro de sepelio que la señora Méndez pagaba mensualmente para asegurar a los cuatro integrantes de su familia, incluido Carlos. Señala que lo mismo le dijo el Seguro La Positiva: “el seguro no incluía a personas con síndrome Down”, dice. “Es triste que dejen a mi hijo de lado. ¿Qué hubiera pasado si mi hijo fallecía? ¿Me dejaban en el aire?”, se pregunta la profesora de 46 años quien no ha presentado ningún tipo de denuncia contra la aseguradora por desconocer el proceso.

Hace pocas semanas el caso de Sandra Céliz, que salió a luz gracias a la denuncia presentada por sus padres ante la Defensoría del Pueblo, tuvo un desenlace justo. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó a Rímac Seguros con 45 UIT, equivalente a S/. 164,250 soles, y le ordenó atender la solicitud de seguro presentado por la denunciante por su infracción del Código de Protección y Defensa del Consumidor que indica que nadie puede ser discriminado en la adquisición de un servicio, como es la contratación de una póliza de seguro.  

El caso de Sandra Céliz se hizo conocido en diciembre del 2011 cuando la compañía de seguros Rímac se negó a otorgarle el seguro de asistencia médica al sostener que las personas con síndrome Down tienen mayores riesgos para el desarrollo de determinadas enfermedades, es decir un elevado índice de siniestralidad. 

La Defensoría del Pueblo señaló que “la denegación a priori de un contrato de seguro a una persona, debido a su discapacidad, constituye un acto de discriminación, porque dichas compañías deberían evaluar coberturas para este sector de acuerdo con los estudios y exámenes correspondientes.

Pese estos antecedentes, aún persisten los casos de discriminación a las personas que tienen algún tipo de discapacidad.  La Resolución N° 2135-2012/SC2 de la  Sala N° 2 de INDECOPI, reconoce que las personas con discapacidad pueden acceder, en igualdad de  condiciones, a un sistema de seguro de salud privado.

Accesibilidad a la información para personas con discapacidad es nula

Solo dos instituciones del Estado cuenta con intérpretes de señas para sordos, algunas (pocas)  instituciones públicas tienen webs adaptadas para personas ciegas.

La accesibilidad física no es la única barrera que encuentran las personas con discapacidad. El acceso a la información es otro de los grandes obstáculos.

Accesibilidad significa tener las condiciones adecuadas de los espacios y los servicios para que las personas con discapacidad puedan participar en sociedad. Durante años la accesibilidad estuvo enfocada a la accesibilidad enteramente física. El paradigma de las personas con discapacidad solían ser las personas con sillas de ruedas. Sin embargo, este grupo de la población -que representa el 11,7% en el país- no accede a hechos cotidianos como ver las noticias, escuchar una exposición en un museo o navegar en internet debido a que los contenidos y los medios que usamos para enviar los mensajes no son accesibles, dice Alberto Vásquez, presidente de Sociedad y Discapacidad (SODIS).

“Solo dos canales de televisión, el canal 7 y el canal del Congreso “TV Congreso” son los únicos que tienen un traductor de lenguaje de señas o subtítulos, a pesar de que la Ley de Radio y Televisión obliga a los canales de televisión a tener traductores en los programas de producción nacional, informativos y culturales”, dice Vásquez.

Alrededor de 80 soles la hora cobra un intérprete de señas (es el tiempo que dura un noticiero) y la adaptación técnica en la pantalla es muy sencilla, sin embargo, no existe un interés de los medios de comunicación, la ley está pintada en la pared y no los fiscaliza nadie bajo la lógica de los medios se regulan solos.

Por otro lado, el Estado está obligado a que las páginas web de las instituciones públicas adapten sus portales para personas con discapacidad visual y auditiva. La Oficina de Gobierno Electrónico e Informática (OGEI) que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene que supervisar el cumplimiento de esta obligación, sin embargo, tampoco se cumple. “Esta, que parece una exquisitez en un país como el nuestro, es importante ya que todas las convocatorias para concursos públicos, por ejemplo, se cuelgan en los portales web, o las ofertas de trabajo. Pero como los portales no están adaptados, este sector de la población queda excluido”.

 “Existe la Ley N° 28530 de la promoción de acceso a internet para personas con discapacidad que indica que las cabinas de internet deben ser accesibles a las personas con sillas de ruedas y que las computadores tengan un programa lector de pantalla, que es gratuito y permite que personas ciegas puedan navegar por internet porque el programa les lee los textos de la pantalla. El problema es que los portales de internet no están diseñados y no tiene el programa”, dice Vásquez.

Acceso a la información también significa acceder a los servicios públicos. De acuerdo a la ley que reconoce la lengua de señas peruana, se debe tener un intérprete de lengua de señas en cualquier establecimiento público. Sin embargo, ni las comisarías, no los hospitales, ni el Ministerio Público,  ni el Museo de la Nación ni ningún museo. “La ley no está reglamentada por lo tanto casi ninguna de las instituciones cumple con tener un intérprete. Las únicas que los hacen  son la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad de Miraflores, y el Poder Judicial que cuenta con 8 intérpretes.

“El Banco Mundial ha estimado que los países pierden entre 4% y 6% de su PBI debido a la exclusión de las personas con discapacidad en el empleo y la educación. Son las mismas sociedades las que terminan convirtiendo a las personas con discapacidad en una carga. No podemos desconocer los derechos de las minorías, bajo esa lógica es como se han violado los derechos humanos en el mundo, la mayoría imponiendo sus necesidades sobre una minoría que no es escuchada ni tiene acceso a una serie de servicios”, dice Alberto Vásquez, presidente de la Sociedad y Discapacidad (SODIS).

Hay que recordar que, según el último censo nacional del INEI el 2006, arrojaba que el 11,7% de los hogares peruanos tenían un miembro de su familia con algún tipo de discapacidad.

La ley general que –fue observada por el Ejecutivo- establecía sanciones específicas a los medios de comunicación que  deben cumplir con el requisito técnico de incorporar medidas para la accesibilidad. Por ejemplo en el caso de las personas con ceguera, la ley contempla que las entidades públicas, AFP’s y entidades financieras están obligadas a enviar información y estados de cuenta en formatos accesibles. 

Excluyendo a los excluidos

Escribe Javier Diez Canseco


La Autógrafa de la Ley General de Personas con Discapacidad fue observada por el Ejecutivo el último día del plazo legal para hacerlo. Esperada por más de cuatro millones de personas con discapacidad (PCD) en el país (ONU calcula un 15% de PCD sobre la población total), fue un hecho frustrante que agravó la ausencia de mención a las PCD el 28 de julio. Y no se trata de un hecho cualquiera –ni por la forma ni por el fondo– en el manejo del tema ni en las relaciones entre el gobierno, por un lado, y el Congreso y la ciudadanía, por otro.

La norma nació de una Iniciativa Legislativa Ciudadana con más de 120.000 firmas y de proyectos de ley de diversos partidos. Se debatió dos meses en siete sesiones de la Comisión de Inclusión Social y PCD del Congreso –que solicitó opinión a todos los ministerios pertinentes, recibió opinión favorable del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Conadis (órganos rectores del sector), entre varios otros, y tuvo una delegación permanente del MEF en ella– hasta que llegó al Pleno, se discutió y se aprobó con el voto unánime de los 106 congresistas presentes.

El texto de la observación, en la forma, es realmente agraviante al Congreso. Culmina la presentación de 14 objeciones que firman el Presidente y el primer ministro con un planteamiento que no propone subsanarlas sino que anuncia que “el Poder Ejecutivo (...) alcanzará en la brevedad posible un proyecto de ley alternativo sobre dicha materia”. Es decir, ante la inutilidad de lo propuesto por la sociedad civil y la unanimidad del Congreso, les proporcionará la “línea correcta” con un nuevo proyecto gubernamental. No recuerdo, en las últimas décadas, similar desautorización, realmente indignante, al voto unánime del Congreso.

Pero en el fondo de varias observaciones no solo cuestiona normativa ya vigente sino violenta la Convención de la ONU sobre los Derechos de las PCD y la Constitución. Así, el Ejecutivo observa que el art. 9.1 establezca que “la persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones”. Pero el art. 12.2 de la Convención de la ONU ratificada por el Estado dice “los Estados Partes reconocerán que las PCD tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”. ¿Conoce el Ejecutivo la Convención? ¿Ignora que el art. 55 de la Constitución dice que “los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional” y que el art. 2.2 dice que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie puede ser discriminado por motivo alguno? ¿Regresamos al modelo caritativo-asistencial ante el nuevo, social y de derechos?

Otras observaciones cuestionan la capacidad normativa y sancionadora del Conadis, en este tema, pero la Ley 27050 vigente establece en su art. 8, incisos a, b, l, etc., que el Conadis tiene funciones como “formular y aprobar las políticas para la prevención, atención e integración social de las PCD”, “aprobar el Plan Operativo Anual, supervisando y vigilando su ejecución”, o “imponer y administrar multas ante el incumplimiento de los dispuesto en la presente ley (27050)”. ¿Total, retrocedemos?

Observan que se incluya al Ministerio de Inclusión en las coordinaciones para prevenir discapacidades; dicen “distorsiona su rol en la lucha contra la pobreza y (por) la generación de oportunidades para el desarrollo humano”. ¿Usted entiende? Y observan que la autógrafa (art. 61) disponga no poner límite de edad a PCD pobres beneficiarias de programas sociales y de alimentación del Midis pues ello distorsiona sus prioridades, es decir, ¿distorsiona la inclusión social que una madre de Juntos con un niño con discapacidad de más de 14 años se mantenga en el programa?  

Cuestionan establecer que espectáculos culturales privados ofrezcan 20% de descuento al 10% de sus entradas a personas con discapacidad porque distorsiona la economía social de mercado. Y, mucho más grave, se oponen a que empresas privadas de más de 50 trabajadores otorguen 3% de puestos de trabajo –a personas capacitadas– en forma progresiva y con incentivos tributarios, para que el Estado y el sector privado contribuyan a aliviar el altísimo nivel de desempleo en el sector.

Alguna otra observación puede ser vista en el Reglamento de la Ley y resuelta. Pero la altiva respuesta de que el proyecto será engavetado y presentarán su proyecto alternativo es una inaceptable falta de respeto al Congreso y a las fuerzas de PCD y una muestra de que inclusión es exclusión para algunos.

Tomado del diario La República

Sociedad y Discapacidad lanza campaña "Lima sin barreras"

“Lima sin Barreras” es una campaña que busca desarrollar diversas acciones de sensibilización para avanzar en la construcción de una ciudad accesible e inclusiva para las personas con discapacidad. Esta iniciativa es impulsada por Sociedad y Discapacidad (SODIS) en vista que Lima Metropolitana  aún es una ciudad con barreras físicas y mentales. 

Esta iniciativa busca abordar la accesibilidad de manera integral que incluye la accesibilidad al transporte, al desarrollo de información accesible y de comunicación como la lengua de señas, el braille y otros sistemas alternativos. De este modo se espera allanar el camino para la correcta implementación del artículo 9° de la Convención  sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (CDPD) que habla de la accesibilidad: “a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida”.

“Las personas con discapacidad –aproximadamente el 15% de la población– enfrentan diariamente una serie de barreras que les impiden o limitan el acceso a determinados entornos y servicios. Estos obstáculos imposibilitan o dificultan su acceso, por ejemplo, a edificios, vías públicas, transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas y centros de salud, así como a servicios de información y comunicación”, dice Alberto Vásquez, presidente de SODIS. 

Así lo confirman las cifras: se estima que el 80% de las personas con discapacidad es pobre, que el 76% se encuentra fuera del mercado laboral, que el 21% no tiene nivel educativo y que el 87% de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad está excluido del sistema educativo. Particularmente grave es la situación de colectivos poco atendidos como las personas sordas, sordociegas y con discapacidad intelectual que encuentran serias barreras en el acceso a la información y la comunicación.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el CONADIS, las personas con discapacidad en Lima no acceden con comodidad a las oficinas públicas en un 25%, a los centros educativos en un 19%, a los centros de salud en un 27% y a las veredas en un 21%, cifras que se elevan si sólo se cuenta a las personas con discapacidad física. Las principales barreras advertidas por el INEI son la ausencia de rampas y accesos adecuados a las edificaciones, la falta de mantenimiento de las pistas y veredas, la falta de servicios higiénicos adaptados y la inexistencia de transporte público accesible. 

La campaña se difundirá en materiales informativos y como parte de ella se promoverá la identificación de entornos, edificios  y servicios inaccesibles.

Discapacidad en cifras:

 80% de las personas con discapacidad es pobre

 76 % se encuentra fuera del mercado laboral

 21% no tiene nivel educativo

 87% de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad está excluido del sistema educativo

Ejecutivo observó Ley General de la Persona con Discapacidad

Hoy vence el plazo para la promulgación de la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad

Hoy se cumple el plazo para promulgación de la Ley General de la Persona con Discapacidad. Aunque en el discurso de 28 de julio, el presidente Humala no los incluyó

Durante la inauguración de la primera etapa del Instituto Nacional de Rehabilitación en Chorrillos, el presidente Ollanta Humala dijo que una política laboral y educativa a favor de las personas con discapacidad sería una forma de lograr la inclusión social de casi tres millones de personas en el país que viven en esa condición. “Debe haber una política laboral, una política educativa que absuelva o neutralice esas dificultades, discriminaciones y entrampamientos que le ponemos a la población peruana que tiene algún tipo de discapacidad”, dijo el mandatario.

Sin embargo, semanas después, el presidente Humala Tasso no incluyó  en su discurso del 28  de julio al grueso de población con discapacidad.

Inclusive, durante la presentación del proyecto Mejoramiento de la Atención de las Personas con Discapacidad de Alta Complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en el distrito de Chorrillos, el presidente recordó que un 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad, lo cual representa tres millones de peruanos y de ellos el 80 % pertenece a los sectores D y E, es decir los más pobres. Llamó a los empresarios a que no discriminen a los trabajadores con discapacidad, a las autoridades educativas a que den todas las facilidades a los jóvenes con discapacidad, a los alcaldes para que pongan infraestructura necesaria que les permita el acceso y la movilidad.

Hace unos días cerca de 40  organizaciones de personas con discapacidad y derechos humanos enviaron una carta abierta al presidente Humala pidiendo la promulgación de la Ley General de la Persona con Discapacidad, cuya autógrafa ha sido remitida al Despacho presidencial el 10 de julio. Cita la carta: “Las personas con discapacidad representamos alrededor del 15% de la población, es decir, somos más de 4 millones de peruanos. La mayoría de nosotros experimentamos la discriminación, la pobreza y la exclusión social, siendo por ejemplo, que el 87% de los niños y niñas con discapacidad no asiste a la escuela, que el 76% de las personas con discapacidad no encuentra oportunidades laborales y permanece inactivo y excluido socialmente, o que el 90% no accede a servicios de rehabilitación, cifras que ahondan el círculo vicioso de la pobreza y la discapacidad en nuestro país”.

Uno de los principales impulsores de esta ley, el congresista Javier Diez Canseco exhortó al presidente Humala a que promulgue la ley. Diez Canseco considera que esta ley es la norma más avanzada sobre discapacidad que se ha trabajado en América y en el mundo. “Nos pone a tono con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, obliga al Estado a hacer censos, encuestas y estudios científicos, de cuántos somos y quienes somos las personas con discapacidad. Además, obliga al Estado a que todas las políticas públicas dirigidas a personas con discapacidad sean consultadas como se hace con los pueblos indígenas”, dijo el congresista.

Entre otras particularidades, la ley establece que el 5% del crédito que el Estado destina para la pequeña y micro empresa sea para las empresas promocionales de personas con discapacidad, que el 10% de la capacitación para el empleo sea para personas con discapacidad, que el empleo público debe abarcar 5% de personas con discapacidad y las empresas privadas de 50 trabajadores deben tener 3%.

Diez Canseco recordó que este año se realizará un Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad que tiene destinado 8 millones de soles. “Será un gran paso”, dijo y agregó, además, que la ley establece un acuerdo con el Ministerio de Economía para que el SNIP sólo apruebe obras que sean accesibles a personas con discapacidad.    

“Esta ley abre condiciones para el empleo, para el crédito para a una educación incluyente. Además, hay una serie de elementos progresivos: se obliga a todos los noticieros a incorporar el lenguaje de señas en su transmisión o el uso de subtítulos, todas las páginas web del sector público y privado tendrán que adaptarse para que sean de uso de personas invidentes”, agregó.

Sobre las sanciones y multas, la ley plantea desde amonestaciones hasta la pérdida del puesto por algún tipo de discriminación. “Impedir una matrícula será considerado un hecho grave  que llevará hasta la salida del puesto de los responsables”, dijo el congresista.

Para Diez Canseco esta nueva ley dista de un enfoque paternalista y asistencialista, más bien es promotora de generar oportunidades y alentar la construcción de derechos de las personas con discapacidad. “Esta ley mantiene derechos adquiridos, enfatiza las medidas antidiscriminatorias e  introduce nuevas medidas de accesibilidad y ajustes razonables, por ejemplo, adaptar la prueba de postulación a un trabajo de acuerdo a la discapacidad de la persona: si la prueba es escrita entonces debería utilizarse su copia en braille para una persona invidente. Otro ejemplo: si mi trabajo se ubica en un segundo piso y soy usuario de silla de ruedas, le corresponderá al empleador adaptar un ambiente en el primer piso o instalar rampas”, finaliza.

Cabe señalar que el 14 de junio el Congreso de la República aprobó de manera multipartidaria y por unanimidad (106 votos a favor) una nueva Ley General de la Persona con Discapacidad que adecúa la legislación nacional al enfoque de derechos –no asistencial ni médico- establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas que el Estado peruano ratificó en Diciembre del 2007.