“Lima Sin Barreras” es una campaña que busca desarrollar diversas acciones de sensibilización para avanzar en la construcción de una ciudad accesible e inclusiva para las personas con discapacidad.

martes, 7 de agosto de 2012

Accesibilidad a la información para personas con discapacidad es nula




Solo dos instituciones del Estado cuenta con intérpretes de señas para sordos, algunas (pocas)  instituciones públicas tienen webs adaptadas para personas ciegas.

La accesibilidad física no es la única barrera que encuentran las personas con discapacidad. El acceso a la información es otro de los grandes obstáculos.

Accesibilidad significa tener las condiciones adecuadas de los espacios y los servicios para que las personas con discapacidad puedan participar en sociedad. Durante años la accesibilidad estuvo enfocada a la accesibilidad enteramente física. El paradigma de las personas con discapacidad solían ser las personas con sillas de ruedas. Sin embargo, este grupo de la población -que representa el 11,7% en el país- no accede a hechos cotidianos como ver las noticias, escuchar una exposición en un museo o navegar en internet debido a que los contenidos y los medios que usamos para enviar los mensajes no son accesibles, dice Alberto Vásquez, presidente de Sociedad y Discapacidad (SODIS).

“Solo dos canales de televisión, el canal 7 y el canal del Congreso “TV Congreso” son los únicos que tienen un traductor de lenguaje de señas o subtítulos, a pesar de que la Ley de Radio y Televisión obliga a los canales de televisión a tener traductores en los programas de producción nacional, informativos y culturales”, dice Vásquez.

Alrededor de 80 soles la hora cobra un intérprete de señas (es el tiempo que dura un noticiero) y la adaptación técnica en la pantalla es muy sencilla, sin embargo, no existe un interés de los medios de comunicación, la ley está pintada en la pared y no los fiscaliza nadie bajo la lógica de los medios se regulan solos.

Por otro lado, el Estado está obligado a que las páginas web de las instituciones públicas adapten sus portales para personas con discapacidad visual y auditiva. La Oficina de Gobierno Electrónico e Informática (OGEI) que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene que supervisar el cumplimiento de esta obligación, sin embargo, tampoco se cumple. “Esta, que parece una exquisitez en un país como el nuestro, es importante ya que todas las convocatorias para concursos públicos, por ejemplo, se cuelgan en los portales web, o las ofertas de trabajo. Pero como los portales no están adaptados, este sector de la población queda excluido”.

 “Existe la Ley N° 28530 de la promoción de acceso a internet para personas con discapacidad que indica que las cabinas de internet deben ser accesibles a las personas con sillas de ruedas y que las computadores tengan un programa lector de pantalla, que es gratuito y permite que personas ciegas puedan navegar por internet porque el programa les lee los textos de la pantalla. El problema es que los portales de internet no están diseñados y no tiene el programa”, dice Vásquez.

Acceso a la información también significa acceder a los servicios públicos. De acuerdo a la ley que reconoce la lengua de señas peruana, se debe tener un intérprete de lengua de señas en cualquier establecimiento público. Sin embargo, ni las comisarías, no los hospitales, ni el Ministerio Público,  ni el Museo de la Nación ni ningún museo. “La ley no está reglamentada por lo tanto casi ninguna de las instituciones cumple con tener un intérprete. Las únicas que los hacen  son la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad de Miraflores, y el Poder Judicial que cuenta con 8 intérpretes.

“El Banco Mundial ha estimado que los países pierden entre 4% y 6% de su PBI debido a la exclusión de las personas con discapacidad en el empleo y la educación. Son las mismas sociedades las que terminan convirtiendo a las personas con discapacidad en una carga. No podemos desconocer los derechos de las minorías, bajo esa lógica es como se han violado los derechos humanos en el mundo, la mayoría imponiendo sus necesidades sobre una minoría que no es escuchada ni tiene acceso a una serie de servicios”, dice Alberto Vásquez, presidente de la Sociedad y Discapacidad (SODIS).

Hay que recordar que, según el último censo nacional del INEI el 2006, arrojaba que el 11,7% de los hogares peruanos tenían un miembro de su familia con algún tipo de discapacidad.

La ley general que –fue observada por el Ejecutivo- establecía sanciones específicas a los medios de comunicación que  deben cumplir con el requisito técnico de incorporar medidas para la accesibilidad. Por ejemplo en el caso de las personas con ceguera, la ley contempla que las entidades públicas, AFP’s y entidades financieras están obligadas a enviar información y estados de cuenta en formatos accesibles. 

2 comentarios:

  1. Me encantaría sumarme y apoyar en cualquier campaña de concientización o actividad parecida. Por favor cuenten conmigo sin problema.
    Heidi Bolaños S.

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  2. Nos ayudará mucho que pueda difundir la información generada desde este espacio en redes sociales y otros espacios. Estamos agradecidos por su interés.

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