La discapacidad no es un problema médico, sino de falta de oportunidades.

Organizaciones de personas con discapacidad demandan mayor atención del Estado

• Representantes de asociaciones de personas con discapacidad piden una verdadera inclusión.
• Solicitan mayor presupuesto para la temática de discapacidad y accesibilidad

 

A unas semanas de aprobarse el presupuesto para el año 2013, representantes de distintas organizaciones de personas con discapacidad hacen un llamado a las autoridades para que presten mayor atención a las personas con discapacidad en los distintos planes, políticas y programas nacionales, regionales y locales. Inclusión es lo que reclaman.

 

La doctora Sonia Malca, presidenta de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú (Confenadip), ha destacado la necesidad de visibilizar a las personas con discapacidad en la agenda de gobierno. “Ha habido una etapa en que las personas con discapacidad no eran visibles, en la que creía que ese sector era merecedor de dádivas y apoyo. No nos veían como ciudadanos que pueden pagar sus impuestos y que contribuyan al desarrollo del país”, dice Malca cuya asociación representa a 25 federaciones de personas con discapacidad.

 

Malca señala que con la ejecución de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, a cargo del INEI, por primera vez tendremos las cifras reales de la cantidad de personas con algún tipo de discapacidad en el país. “La encuesta va mostrar la discapacidad en cifras para así pedir el presupuesto justo para el sector. Hasta ahora las estadísticas son contradictorias y no reflejan la verdadera necesidad. No permiten hacer un trabajo a largo plazo”, dice Malca.  

 

Por su parte, Erika Álvarez, presidenta de la Asociación de Mujeres Sordas, destaca la necesidad de incorporar un enfoque de género en las políticas sobre discapacidad. Erika, fundadora de dicha asociación, encontró hace algunos años que las mujeres con sordera agrupan a una población doblemente discriminada. “Las mujeres sordas no conocen sus derechos. Sobre todo sus derechos al trabajo y a la  salud y orientación sexual. Hay muchas que han sido víctimas de maltrato sexual, psicológico y físico. Las más vulnerables no leen noticias ni están informadas. No saben a dónde recurrir pues las comisarías no tienen un intérprete de señas. Otras son madres solteras que no pueden reclamar la pensión del padre para los hijos, el Palacio de Justicia no tiene una atención preferencial o intérprete de señas”, dice Álvarez.

 

Erika, técnica bancaria y web master, conoce casos de mujeres sordas que han sido víctimas violación sexual y acoso por compañeros de trabajo y hasta por sus propios familiares. Debido a la condición económica de éstas y a la falta de información, varios de estos casos han quedado impunes. “No saben acudir a las instituciones. La línea de emergencia del Ministerio de la Mujer, por ejemplo, no está adaptada para atender las denuncias de mujeres sordas. Incluso, algunas mujeres no saben lo que significa violación, acoso o tocamientos indebidos. Hay casos que no llegan a la policía porque los padres no aceptan la violación”.

 

Por ello, Álvarez pide al Congreso y al Ejecutivo que las políticas de inclusión social del gobierno considere a las personas con discapacidad. “Si no lo hacen, que no hablen de inclusión”, dice.

 

La presidenta de la Asociación de Personas Pequeñas del Perú, Sibel de Souza, pide mayor reconocimiento a las personas de talla pequeña. “Cuando hablan de discapacidad lo relacionan a personas con silla de ruedas. Recién nos han incluido como personas con discapacidad. Requerimos un trato especial”, dice. Tan igual que para un usuario de silla de ruedas, hay muchas barreras para este sector de la población: en el transporte público las gradas son altas, los teléfonos públicos son para gente de talla promedio, hay ascensores con botoneras altas, mostradores elevados.

 

Sibel pide que la sociedad no sea indiferente a las personas de talla pequeña y que haya mayor accesibilidad física bajo un proceso de información incluyéndolos. “Queremos que las nuevas generaciones tengan una vida de mayor calidad”, dice.

 

Discurso de inclusión social debe materializarse en recursos

Los objetivos a corto plazo de las organizaciones son mayores recursos para la temática de discapacidad. Sonia Malca señala que “lo que se tiene previsto invertir el próximo año no es lo suficiente frente a los años de postergación de las personas con discapacidad. Por ejemplo, no se está consignado el presupuesto para las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (Omapeds), que son los que conocen más de cerca la falta de accesibilidad de la ciudad”.

 

El debate de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 ya se ha iniciado en el Congreso de la República y, a pesar de la inclusión de nuevos programas presupuestales, las personas con discapacidad y sus organizaciones reclaman un incremento sustantivo de recursos que pueda contribuir a reducir la brecha de pobreza y exclusión que afecta a dicho colectivo.

“El Ejecutivo sigue considerando a las personas con discapacidad como ciudadanos de segunda clase”

Liliana Peñaherrera, Presidenta de la Sociedad Peruana de Síndrome Down (SPSD)

• Con sus 14 observaciones a la autógrafa de la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad, el Ejecutivo obligó al Congreso a insistir en la propuesta postergando su aprobación.
• Dictamen de insistencia lleva dos semanas en la agenda del pleno del Congreso sin votarse.

Se espera que esta semana el pleno del Congreso incluya nuevamente en su agenda el debate de la nueva Ley para Personas con Discapacidad observada en agosto pasado. La referida ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso hace cinco meses. Pese a ello, el Ejecutivo observó 14 puntos de la autógrafa que tuvo su origen en una iniciativa ciudadana respaldada por más de 140,000 firmas y en otros proyectos que se fueron sumando en el camino. La Comisión de Inclusión del Congreso ha aprobado un dictamen de insistencia y se espera que la ley sea debatida y promulgada por ese poder del Estado en esta legislatura, sino estaría postergada hasta marzo del próximo año.

                                                                                                                              

Entre los puntos observados por el Ejecutivo figura el que no reconoce que las personas con discapacidad como iguales ante la ley. A decir de Peñaherrera, esta  observación es una de los más absurdas pues mantiene la visión paternalista y protectora del Estado para con las personas con discapacidad.  “La autógrafa contempla que se nombre una comisión para revisar el Código Civil que considera a este sector poblacional como incapaces absolutos y retrasados mentales, o que los sordomudos no se pueden casar porque no pueden demostrar su decisión de forma indubitable,. Esto es  gravísimo sobre todo si el país es firmante de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el Congreso ha ratificado y por lo tanto es ley en el Perú”, dice Peñaherrera.

“El Estado sigue viendo a las personas con discapacidad como personas que no pueden tomar decisiones por sí mismas. Los ven como incapaces e inútiles, por eso insistimos que la nueva ley debe aprobarse. La ley abre más oportunidades para salud, trabajo, recreación. No hay motivos por el cual sigan siendo considerados ciudadanos de segunda clase”, agrega Peñaherrera quien desde hace 17 años trabaja por los derechos de las personas con Síndrome Down.

La autógrafa insiste en que el Estado amplíe a 5% la cuota de empleos para personas con discapacidad y a 3% en el caso de las empresas privadas. Este punto también fue observado por el Estado. “Es un artículo que trae cola. La inclusión laboral de las personas con discapacidad sólo será posible si están capacitadas y si son competitivas, y ello se logrará con una educación óptima, y con un nivel de vida adecuado. Se deben mejorar las condiciones de educación, se debe certificar las habilidades de las personas que tienen alguna discapacidad y así tendrían mayores oportunidades de trabajo”, agrega Peñaherrera.

Otro punto que fue observado por el Ejecutivo planteaba que no haya límite de edad para que las personas con discapacidad tengan acceso a los programas sociales de protección y que sería aplicado en el caso de las personas con discapacidad en extrema pobreza.

Perú no es el único país que espera por una ley para las personas con discapacidad más completa. “En todas partes se está peleando por entender la discapacidad de manera diferente. El colectivo de personas con discapacidad y sus familias estamos también cambiando nuestra propia concepción. Se requiere para ello una cultura de levantamiento de barreras, de una sociedad solidaria, justa y tolerante que acepte las diferencias desde las personas con discapacidad hasta las personas que hablen otro idioma diferente”, dice.

“Hay que trabajar en las barreras mentales. Las observaciones desconocen los derechos, pero reconocen el asistencialismo. Pretende que el Estado proporcione vivienda, acceso a agua potable, alimentación, ropa y calzado, pero no brinda el presupuesto necesario para la atención de derechos básicos como la salud y la educación”, agrega.

Urge que el Congreso vote la ley

Peñaherrera confía en que el pleno aprobará la ley pero advierte que se debe votar pronto para poder ser incluida en la Ley de Presupuesto 2013 que se viene debatiendo en el Congreso.

“Ojalá que la Comisión de Presupuesto lo considere: por ejemplo, el 0.5% del presupuesto de los gobiernos locales y regionales que tenía que estar dedicado a la adecuación urbanística no se ha considerado. ¿En dónde quedó la ley que dice que hay que hacer una ciudad de arquitectura accesible?”, finaliza. 

¿Cómo acercar la cultura a las personas con discapacidad?

No sólo la accesibilidad a espacios físicos, al empleo, el trabajo o la salud está fuera del alcance de la población con discapacidad. La distancia para el acceso a la cultura también es  grande. Accesibilidad no sólo significa construir una rampa también significa abrir espacios para el acceso al arte y a la cultura.

El Centro Cultural de España en Lima (CCE-Lima) es uno de los pocos espacios de la ciudad que se está adaptando para atender a personas con discapacidad. Su director, Juan Sánchez, considera que una de las prioridades del centro cultural es “contribuir al desarrollo de la cultura con un centro inclusivo, dirigiéndonos a los públicos más diversos. Creemos que las personas con discapacidad deben tener acceso libre a la cultura”.

Desde su portal web, el CCE-Lima ha incorporado un software de lectura para personas ciegas de sus diversas actividades, charlas, conferencias, presentaciones de libro. ¿Cuánto les costó? Juan Sánchez señala que este software es gratuito y está disponible online. No habría ningún pretexto para las páginas webs, al menos las estatales debieran incluir este software, sin embargo no lo hacen, el discurso de inclusión no llega al sector poblacional con discapacidad. 

El Centro Cultural de España también ha adaptado la Agenda del Mes en sistema Braille, el  mismo que se encuentra disponible en el local.  Hay que recordar que más de 300 mil peruanos tienen discapacidad visual.

Para facilitar el ingreso de los usuarios de sillas de ruedas se han dispuesto rampas en los exteriores, el auditorio principal también tiene un espacio especial para este público y aunque aún  faltan varias adaptaciones, Sánchez señala que las reformas que se han hecho hasta el momento forman parte de sus planes de inclusión. “La cultura no debe excluir, nosotros estamos haciendo todos los cambios y adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de la cultura de forma gratuita”, dice.

Las personas con discapacidad auditiva también tienen acceso a las actividades del centro. Según el último Censo del INIE, del 2007, alrededor de 150 mil peruanos eran sordos y ningún museo del país tenía un intérprete de señas.  Sin embargo, desde hace un año todas las conferencias, charlas y presentaciones de libros del CCE-Lima cuentan con un intérprete de lengua de señas. En el auditorio principal hay cuatro butacas separadas de antemano para personas sordas ubicadas muy cerca al estrado para poder ver mejor al intérprete. El centro cultural cuenta además con personal capacitado por la Asociación de Sordos del Perú para comunicarse con este público. Sánchez señala que uno de los proyectos a corto plazo es auspiciar actividades mensuales dirigidas especialmente a ese público. 

Debido a que el CC España es una casona antigua aún faltan hacer una serie de remodelaciones para hacerla más accesible como la instalación de un ascensor para los pisos superiores, señalética de sistema Braille en las salas de exposiciones, entre otras para hacer de la casona un centro plenamente inclusivo. “Aún está pendiente la adaptación de los baños, de la biblioteca y de los carteles en sistema Braille”, dice el director.

El paso aún es lento. En el país no todos los centros culturales, los museos o las bibliotecas están adaptados. Sólo hay 30 intérpretes en las entidades del Estado y si bien en la Biblioteca Nacional hay una sala especial para personas ciegas, el Museo de la Nación recién ha adaptado este año una sala para los usuarios de sillas de ruedas debido a la gestión e insistencia de la asociación “Musas inspiradoras del Cambio”,  integradas por mujeres con discapacidad. Similar reclamo fue hecho hace poco al Museo de Arqueología para que adapte sus vitrinas a una altura más cómoda para los usuarios de sillas de ruedas.
 

La accesibilidad es un derecho esencial para la inclusión social, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. La discriminación nace de la ausencia de accesibilidad a entornos físicos, a la información y a la comunicación. Hay que recordar que el  13% de las familias de Lima tienen algún miembro con discapacidad. 

Más de 300 mil peruanos tienen discapacidad visual. Sin embargo muy pocas páginas webs del Estado están adaptadas para ellos.

Indecopi sancionó a Rímac Seguros con S/. 164,250 soles por no darle el seguro médico a una joven con Síndrome Down

Esperamos que las aerolíneas que discriminan a las personas con discapacidad también sean sancionados

Defensoría del Pueblo, Alcalde de Miraflores y sociedad civil piden priorizar el debate de la nueva Ley de Personas con Discapacidad

                                                                          Malena Pineda

-           Observaciones del Ejecutivo a la propuesta de Ley General de la Personas con Discapacidad han dilatado el tiempo de la aprobación de la ley que mejoraría la calidad de vida alrededor de 4 millones de peruanos que tienen alguna discapacidad.

Los 14 puntos observados por parte del Ejecutivo en agosto pasado, han sido discutidos y votados por segunda vez en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso. Ahora, la pelota está en la cancha del Pleno, al que le corresponde debatir y votar por el dictamen, que según agenda del Congreso se estaría viendo mañana. “Que se tenga una nueva ley este año dependerá de que los partidos acuerden priorizar el tema en la agenda del Pleno”, dijo Alberto Váquez de Sociedad y Discapacidad (Sodis).

Desde la sociedad civil, diversas agrupaciones se han plegado al pedido. La Mesa Nacional de Diálogo y Acción Conjunta por la Educación Inclusiva ha resaltado en un reciente comunicado la necesidad de que el Congreso promulgue la nueva ley para asegurar el acceso a una educación inclusiva de calidad de las personas con discapacidad. La Mesa está conformada por Foro Educativo, la Fundación Telefónica, el Grupo Fundades, la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú (Confenadip) y, desde el sector público, por el Ministerio de Educación, el de Salud, el de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

Teresa Tovar, Presidenta de Foro Educativo, señaló que la educación inclusiva que se está llevando a cabo tendrá mejores resultados si es que se invierte más en capacitar a los profesores, en asesorar a las instituciones educativas, en tener material adecuado, en tener mayor presupuesto, como propone la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad. “La nueva ley de la carrera docente contempla una bonificación especial para los profesores de niños bilingües de zonas rurales. ¿Por qué no se contempla una bonificación especial para los maestros que tienen niños con discapacidad?”, dijo.

La Mesa considera que la promulgación de la ley es decisiva para afrontar de manera efectiva la exclusión y afectación de derechos a la que están expuestas las personas con discapacidad. Sobre todo el acceso a una educación inclusiva. Su dación cumple con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga al Estado a adecuar su normativa.

El Alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, también se ha unido al pedido de la promulgación de la ley: “Estamos a la expectativa que el Congreso pueda plasmar la norma que se ha venido trabajando con la participación de la sociedad civil. Una ley que dará un marco de orden y de obligaciones para que las personas con discapacidad pueda sentirse con igualdad de condiciones”. La Municipalidad de Miraflores es uno de los distritos pioneros en planes de accesibilidad para personas con discapacidad. Desde el año pasado, el Alcalde Muñoz preside la Coordinadora Nacional de Redes de OMAPED.

“Tenemos una visión inclusiva y accesible. Consideramos que  todas las personas al margen de las diferencias tienen que tener igualdad de oportunidades y las facilidades de una ciudad accesible”, dijo el alcalde.

Desde la Defensoría del Pueblo, la Jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Malena Pineda, también  invocó al Congreso de la República a votar por la nueva ley.  “La aprobación de la ley posibilitará que el Estado peruano cumpla con la obligación de adecuar su marco legal interno a lo estipulado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (…) la discriminación y exclusión constituyen una problemática recurrente que afecta a las personas con discapacidad en el Perú y que tiene incidencia directa en el goce y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en todos  los ámbitos de la vida en sociedad”, dijo.

Hay que recordar que el proyecto de ley partió de una iniciativa ciudadana que reunió 120 mil firmas, se acumuló con varias propuestas de diversos partidos, fue aprobado por unanimidad en el Congreso, y contó con el respaldo de casi todos los sectores.

Agenda del Pleno:

http://www.congreso.gob.pe/I_comunicados/PLENO15NOVIEMBRE2012.pdf

Más de mil millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad

Piden a Indecopi iniciar investigación de oficio a aerolíneas por discriminación a personas con discapacidad

Foto: peruvianairlines.com

ü  Son varios los casos en que aerolíneas se niegan a transportar personas con discapacidad por políticas corporativas.

ü  Se parte de la presunción errada de que las personas con discapacidad no pueden viajar de manera independiente.

ü  Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha tomado medidas para hacer cumplir la Ley Nª 28735 sobre atención preferente en aeropuertos y aeronaves.

Se ha reportado un nuevo caso de discriminación de personas con discapacidad en los servicios de transporte aéreo. Esta vez las víctimas fueron un grupo de personas sordas, miembros de la Asociación de Sordos de Tumbes, a quienes representantes de la aerolínea Peruvian Airlines habría impedido viajar aduciendo medidas de seguridad.

Este no es primer caso de discriminación. Hace poco la aerolínea LC Perú, también de bandera peruana, impidió a una persona en silla de ruedas abordar uno de sus vuelos, argumentando que los pasajeros deben hacerlo "por sus propios medios". El año pasado la misma aerolínea no permitió que abordara un funcionario del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por ser ciego y no contar con un acompañante. Ni siquiera el Congresista Michael Urtecho ha sido ajeno a las prácticas discriminatorias de algunas aerolíneas pues en alguna ocasión se le exigió a su esposa firmar un documento de exención de responsabilidad.

Al respecto, Alberto Vásquez, Presidente de Sodis (Sociedad y Discapacidad), ha solicitado que Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) abra una investigación de oficio a todas las aerolíneas que operan en el mercado nacional para determinar si sus políticas de abordaje y seguridad discriminan a las personas con discapacidad. "No se trata de uno o dos casos aislados, ni de errores de operadores o representantes; nos enfrentamos a políticas corporativas que son abiertamente discriminatorias con las personas con discapacidad", señaló.

El representante de Sodis también resaltó la responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. "La Ley 28735, sobre atención preferente en aeropuertos y aeronaves está vigente desde el año 2006, sin embargo el Ministerio ha hecho poco por hacerla cumplir. La propuesta de reglamento, trabajada por un equipo de especialistas, fue mandada al archivo".

Finalmente, Alberto Vásquez precisó que el Estado tiene la obligación de garantizar que ninguna aerolínea discrimine por motivos de discapacidad, asegurando que sus servicios sean accesibles e inclusivos, habida cuenta de las obligaciones asumidas al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por una ciudad accesible e inclusiva por las personas con discapacidad. Lima sin Barreras

Inclusión es una ciudad más accesible para todos

Presupuesto público para el sector discapacidad no superará el 0.1%

• La población con discapacidad agrupa aproximadamente a 4 millones de peruanos, un grupo importante al que se le otorgará una fracción limitada del presupuesto nacional para el 2013.
• Conadis (órgano rector de políticas públicas sobre discapacidad) sólo recibirá S/. 8’520, 488 mientras que el SENAMHI o la Biblioteca Nacional reciben 22 millones de soles.
• El presupuesto no contempla inversión en accesibilidad ni a barreras arquitectónicas y comunicaciones para personas con discapacidad (PCD). 

El Presupuesto Público para el próximo año incluiría tres programas presupuestales de salud, educación y empleo dirigidos a  la población con discapacidad. Sin embargo, como ha destacado el congresista Javier Diez Canseco, estos S/. 42 millones 663 mil soles adicionales asignados representan apenas el 0.1% del total destinado a programas presupuestales.  Además, si bien se está destinando recursos a programas de educación como el de “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación”, en salud y rehabilitación  con el programa “Inclusión social integral de las personas con discapacidad” y de promoción del empleo en “Inclusión de los jóvenes con discapacidad en el mercado de trabajo”, han quedado fuera del presupuesto problemas importantes como las barreras arquitectónicas y la inaccesibilidad física y a las comunicaciones. Programas esenciales para potenciar la verdadera inclusión de las personas con discapacidad.

Por otro lado, no se han considerado los artículos que autorizan a los gobiernos regionales y locales a destinar parte de su presupuesto mensual para mejorar la accesibilidad (hasta 0.5%) y de sus Omaped y Oredis (hasta 2 UIT) que el Congreso incluyó en anteriores presupuestos. Estos artículos no han sido considerados en el proyecto para el presupuesto del 2013.

También ha quedado  fuera del presupuesto las exoneraciones para el nombramiento de docentes de educación especial, por ejemplo, o la contratación de intérpretes de lengua de señas para las personas sordas. Como ha señalado la Defensoría del Pueblo en sus Informes Defensoriales N°127 y 155, referidos a la política de educación inclusiva, una de las debilidades del proceso de inclusión educativa ha sido la falta de docentes capacitados y de equipos de apoyo para atender las necesidades educativas de los alumnos incluidos. Es por ello que en la Directiva para el Desarrollo Escolar para el Año 2012, se ha considerado la contratación de docentes de educación especial en escuela regulares con más de 10 niños incluidos.

Dos temas prioritarios que deberían incluirse en el presupuesto 2013

Una de las demandas urgentes de la población con discapacidad es la ampliación del presupuesto para subvencionar programas sociales dirigidos a hogares con  niños y/o adolescentes con discapacidad y/o personas con discapacidad severa.

Elena Chávez, del Centro de Promoción de la Salud Mental – Alamo, ha pedido a la Comisión de Presupuesto del Congreso que se autorice al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social la subvención a los hogares en situación de pobreza que tienen entre sus miembros a alguna persona con discapacidad psicosocial. “La situación en la que viven estas familias en la mayoría de los casos es de pobreza. Las madres de los niñas, niñas y adolescentes con discapacidad severa no contamos con ningún programa de apoyo. Tenemos gastos adicionales en la salud, la  educación y la alimentación  de nuestros hijos, más aún en un país sin servicios especializados y sin accesibilidad como este”, dice Chávez.

Atendiendo a esta necesidad, Sociedad y Discapacidad (Sodis)  ha propuesto asignar S/. 30 millones de soles a un programa piloto de transferencias monetarias, monto similar al que se asignó hace dos años al piloto de Solidaridad (hoy Pensión 65).

En el presupuesto tampoco se ha considerado el incremento de las pensiones de orfandad por incapacidad y de invalidez. José Mejía, administrador de profesión, de 52 años, que tras sufrir un accidente perdió parcialmente la visión, actualmente recibe S/. 450 nuevos soles mensuales de la pensión de la ONP (Oficina de Normalización Previsional).

Durante el gobierno de Alan García, se emitió un decreto supremo que señalaba que ninguna pensión debía estar por debajo de la Remuneración Mínima Vital (RMV), que en ese entonces era S/. 550, pero se dejó fuera a las pensiones de orfandad. Por ello, se está proponiendo incorporar en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 una disposición complementaria que permita un incremento de las pensiones de invalidez y orfandad por incapacidad para el trabajo, de modo que las personas con discapacidad beneficiarias de estas pensiones puedan contar con un nivel de vida adecuado y con dignidad.