- Representantes
de asociaciones de personas con discapacidad piden una verdadera
inclusión.
- Solicitan
mayor presupuesto para la temática de discapacidad y accesibilidad
A unas semanas de aprobarse el presupuesto para el año 2013,
representantes de distintas organizaciones de personas con discapacidad hacen
un llamado a las autoridades para que presten mayor atención a las personas con
discapacidad en los distintos planes, políticas y programas nacionales,
regionales y locales. Inclusión es lo que reclaman.
La doctora Sonia
Malca, presidenta de la Confederación
Nacional de Personas con Discapacidad del Perú (Confenadip), ha
destacado la necesidad de visibilizar a las personas con discapacidad en la
agenda de gobierno. “Ha habido una etapa en que las personas con discapacidad
no eran visibles, en la que creía que ese sector era merecedor de dádivas y
apoyo. No nos veían como ciudadanos que pueden pagar sus impuestos y que
contribuyan al desarrollo del país”, dice Malca cuya asociación representa a 25
federaciones de personas con discapacidad.
Malca señala que con la ejecución de la Encuesta Nacional de
Personas con Discapacidad, a cargo del INEI, por primera vez tendremos las
cifras reales de la cantidad de personas con algún tipo de discapacidad en el
país. “La encuesta va mostrar la discapacidad en cifras para así pedir el
presupuesto justo para el sector. Hasta ahora las estadísticas son
contradictorias y no reflejan la verdadera necesidad. No permiten hacer un
trabajo a largo plazo”, dice Malca.
Por su parte, Erika
Álvarez, presidenta de la Asociación de Mujeres Sordas, destaca
la necesidad de incorporar un enfoque de género en las políticas sobre
discapacidad. Erika, fundadora de dicha asociación, encontró hace algunos años que
las mujeres con sordera agrupan a una población doblemente discriminada. “Las
mujeres sordas no conocen sus derechos. Sobre todo sus derechos al trabajo y a
la salud y orientación sexual. Hay
muchas que han sido víctimas de maltrato sexual, psicológico y físico. Las más
vulnerables no leen noticias ni están informadas. No saben a dónde recurrir pues
las comisarías no tienen un intérprete de señas. Otras son madres solteras que
no pueden reclamar la pensión del padre para los hijos, el Palacio de Justicia
no tiene una atención preferencial o intérprete de señas”, dice Álvarez.
Erika, técnica bancaria y web master, conoce casos de
mujeres sordas que han sido víctimas violación sexual y acoso por compañeros de
trabajo y hasta por sus propios familiares. Debido a la condición económica de
éstas y a la falta de información, varios de estos casos han quedado impunes. “No
saben acudir a las instituciones. La línea de emergencia del Ministerio de la
Mujer, por ejemplo, no está adaptada para atender las denuncias de mujeres sordas.
Incluso, algunas mujeres no saben lo que significa violación, acoso o
tocamientos indebidos. Hay casos que no llegan a la policía porque los padres
no aceptan la violación”.
Por ello, Álvarez pide al Congreso y al Ejecutivo que las
políticas de inclusión social del gobierno considere a las personas con
discapacidad. “Si no lo hacen, que no hablen de inclusión”, dice.
La presidenta de la Asociación de Personas Pequeñas del
Perú, Sibel de Souza, pide mayor reconocimiento
a las personas de talla pequeña. “Cuando hablan de discapacidad lo relacionan a
personas con silla de ruedas. Recién nos han incluido como personas con
discapacidad. Requerimos un trato especial”, dice. Tan igual que para un
usuario de silla de ruedas, hay muchas barreras para este sector de la
población: en el transporte público las gradas son altas, los teléfonos
públicos son para gente de talla promedio, hay ascensores con botoneras altas,
mostradores elevados.
Sibel pide que la sociedad no sea indiferente a las personas
de talla pequeña y que haya mayor accesibilidad física bajo un proceso de
información incluyéndolos. “Queremos que las nuevas generaciones tengan una
vida de mayor calidad”, dice.
Discurso de inclusión social debe materializarse
en recursos
Los objetivos a corto plazo de las organizaciones son
mayores recursos para la temática de discapacidad. Sonia Malca señala que “lo que se tiene previsto invertir el
próximo año no es lo suficiente frente a los años de postergación de las
personas con discapacidad. Por ejemplo, no se está consignado el presupuesto
para las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (Omapeds),
que son los que conocen más de cerca la falta de accesibilidad de la ciudad”.
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