- La Defensoría del Pueblo
alerta sobre los resultados de las políticas de educación inclusiva para
niños con discapacidad que se vienen implementando desde el 2003.
- Los colegios no han sido
adaptados para responder frente a las necesidades de las diferentes
discapacidades. La educación inclusiva debe garantizar una educación de
calidad para los niños y niñas con discapacidad.
La diferencia es aplastante. Mientras que el 89% de los
niños en edad escolar sin discapacidad van a la escuela, los 87% de los niños
que tienen alguna discapacidad está fuera del sistema educativo. “Es una brecha
enorme que el Estado debe atender”, dice Malena
Pineda, Jefa del el Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las
Personas con Discapacidad.
A las cifras de la exclusión se suman las barreras en
infraestructura de algunos colegios. Por ejemplo, 17 colegios emblemáticos que
fueron construidos y refraccionados durante el gobierno de Alan García dentro
de la década de la inclusión, no tienen un ingreso accesible, 4 no tienen baño
adaptado y de los 14 colegios con alumnado masculino, 12 no cuentan con
urinario con barras de apoyo. Es decir, a pesar de contarse con los recursos,
no se tomaron en cuenta las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Además,
sólo un 7% de los docentes había recibido textos, guías o materiales adaptados
para estudiantes con discapacidad. Esta fue la evaluación que hizo la
Defensoría del Pueblo el 2011.
Todo indica que la política educativa inclusiva para
niños con discapacidad impulsaba por el Estado desde el 2003 no está dando
resultados. “Está terminando la década de educación inclusiva, ¿y qué
tenemos?”, se pregunta Pineda para quien evaluar el éxito de la educación
inclusiva no consiste en contar el número de matriculados, porque “de qué valen
las cifras de matriculados cuando los estudiantes no están aprendiendo. No
basta con abrir las puertas sino hacer que los niños estudien”, dice Pineda.
Y no sólo existen barreras físicas. “El 52% de los
directores no consideran a su institución educativa preparada para la
inclusión. El 64% de las instituciones educativas no cuentan con un Proyecto
Educativo Institucional favorable a la inclusión. El 39% de los docentes no ha
recibido ningún tipo de capacitación en relación con el proceso de educación
inclusiva. El 48% no cuenta con un ingreso autónomo con rampas en su frente;
mientras que el 88% no cuenta con un baño adaptado para el uso de personas con
discapacidad”, menciona la Defensoría.
Malena Pineda dice además que “hay niños sordos de doce
años que no saben leer y, sin embargo, pasan de año. Los docentes consideran a
esta metodología como inclusiva. Hay
profesores que no han sido capacitados en el lenguaje de señas -el lenguaje
reconocida por la Ley de Personas con Discapacidad auditiva. Los niños no
aprenden y ha aumentado la deserción escolar”.
Un caso concreto es el del colegio “Ludwig Van Beethoven”, ubicado en el Cercado
de Lima e inaugurado por Alan García el 2010 como uno de los primeros centros
para niños con discapacidad auditiva. Se trata de un colegio de educación
primaria donde los niños sordos comparten carpetas con niños oyentes. En el
ideal de la política inclusiva para grupos con discapacidad, la integración de
niños con discapacidad a las aulas de educación regular les permitiría gozar de
una educación integrada. Sin embargo, la realidad es otra. Los padres de
familia se quejaron de que sus hijos eran ignorados por los docentes, quienes no
conocen el lenguaje de señas, lengua de la comunidad de sordos reconocida por
la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin este
conocimiento esencial para la educación de niños sordos, el aprendizaje es nulo
y la deserción escolar va en aumento porque los niños no aprenden nada.
En el último informe de la Defensoría se indica que “la
educación inclusiva depende de garantizar la presencia de docentes capacitados,
el uso del lenguaje de señas o el sistema braille, y el apoyo individualizado
al estudiante con discapacidad en los casos necesarios”. Sin embargo, el 92.11%
de los docentes entrevistados, dice el informe, señaló que no recibió
materiales ni recursos adaptados para la enseñanza de los estudiantes con
discapacidad (textos, láminas, material en Braille, etc.), mientras el 95.90%
de las instituciones educativas no ha solicitado la compra de materiales
adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de provisión de materiales
adaptados no es suficiente, la demanda por parte de las instituciones
educativas tampoco lo es.
“Las políticas están teóricamente bien diseñadas sin
embargo no tenemos profesores de educación regular capacitados para atender a
niños con discapacidad (…) Esta es una política que no puede seguir siendo
ignorada. El Estado tiene que invertir. Enfocar la discapacidad desde el punto
de vista médico y asistencialistas es desfasado. La educación es importante. Si
se logra que los niños se eduquen, terminen el colegio y tengan una profesión,
estaremos anulando el círculo de pobreza en el que muchas veces están inmersos
los casos de discapacidad”, dice Pineda.
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