Hoy se cumple el plazo para promulgación de la Ley General de la Persona con Discapacidad. Aunque en el discurso de 28 de julio, el presidente Humala no los incluyó
Durante la inauguración de la primera etapa del Instituto
Nacional de Rehabilitación en Chorrillos, el presidente Ollanta Humala dijo que una
política laboral y educativa a favor de las personas con discapacidad sería una
forma de lograr la inclusión social de casi tres millones de personas en el
país que viven en esa condición. “Debe haber una política laboral, una política
educativa que absuelva o neutralice esas dificultades, discriminaciones y
entrampamientos que le ponemos a la población peruana que tiene algún tipo de
discapacidad”, dijo el mandatario.
Sin embargo, semanas después, el presidente Humala Tasso no incluyó en su discurso del 28 de julio al grueso de población con
discapacidad.
Inclusive, durante la presentación del proyecto Mejoramiento de la
Atención de las Personas con Discapacidad de Alta Complejidad en el Instituto
Nacional de Rehabilitación (INR), en el
distrito de Chorrillos, el presidente recordó que un 10% de la población tiene
algún tipo de discapacidad, lo cual representa tres millones de peruanos y
de ellos el 80 % pertenece a los sectores D y E, es decir los más pobres. Llamó a los empresarios a que no
discriminen a los trabajadores con discapacidad, a
las autoridades educativas a que den todas las facilidades a los jóvenes con discapacidad,
a los alcaldes para que pongan infraestructura necesaria que les permita el
acceso y la movilidad.
Hace unos días cerca de 40
organizaciones de personas con discapacidad y derechos humanos enviaron
una carta abierta al presidente Humala pidiendo la promulgación de la Ley
General de la Persona con Discapacidad, cuya autógrafa ha sido remitida al
Despacho presidencial el 10 de julio. Cita la carta: “Las personas con discapacidad representamos
alrededor del 15% de la población, es decir, somos más de 4 millones de
peruanos. La mayoría de nosotros experimentamos la discriminación, la pobreza y
la exclusión social, siendo por ejemplo, que el 87% de los niños y niñas con
discapacidad no asiste a la escuela, que el 76% de las personas con
discapacidad no encuentra oportunidades laborales y permanece inactivo y
excluido socialmente, o que el 90% no accede a servicios de rehabilitación,
cifras que ahondan el círculo vicioso de la pobreza y la discapacidad en
nuestro país”.
Uno de los principales impulsores de esta ley, el congresista Javier
Diez Canseco exhortó al presidente Humala a que promulgue la ley. Diez Canseco
considera que esta ley es la norma más avanzada sobre discapacidad que se ha
trabajado en América y en el mundo. “Nos pone a tono con la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, obliga al
Estado a hacer censos, encuestas y estudios científicos, de cuántos somos y
quienes somos las personas con discapacidad. Además, obliga al Estado a que
todas las políticas públicas dirigidas a personas con discapacidad sean
consultadas como se hace con los pueblos indígenas”, dijo el congresista.
Entre otras particularidades, la ley establece que el 5% del crédito que
el Estado destina para la pequeña y micro empresa sea para las empresas
promocionales de personas con discapacidad, que el 10% de la capacitación para
el empleo sea para personas con discapacidad, que el empleo público debe
abarcar 5% de personas con discapacidad y las empresas privadas de 50
trabajadores deben tener 3%.
Diez Canseco recordó que este año se realizará un Encuesta Nacional de
Personas con Discapacidad que tiene destinado 8 millones de soles. “Será un
gran paso”, dijo y agregó, además, que la ley establece un acuerdo con el
Ministerio de Economía para que el SNIP sólo apruebe obras que sean accesibles
a personas con discapacidad.
“Esta ley abre condiciones para el empleo, para el crédito para a una
educación incluyente. Además, hay una serie de elementos progresivos: se obliga
a todos los noticieros a incorporar el lenguaje de señas en su transmisión o el
uso de subtítulos, todas las páginas web del sector público y privado tendrán
que adaptarse para que sean de uso de personas invidentes”, agregó.
Sobre las sanciones y multas, la ley plantea desde amonestaciones hasta
la pérdida del puesto por algún tipo de discriminación. “Impedir una matrícula
será considerado un hecho grave que
llevará hasta la salida del puesto de los responsables”, dijo el congresista.
Para Diez Canseco esta nueva ley dista de un enfoque paternalista y
asistencialista, más bien es promotora de generar oportunidades y alentar la
construcción de derechos de las personas con discapacidad. “Esta ley mantiene
derechos adquiridos, enfatiza las medidas antidiscriminatorias e introduce nuevas medidas de accesibilidad y
ajustes razonables, por ejemplo, adaptar la prueba de postulación a un trabajo
de acuerdo a la discapacidad de la persona: si la prueba es escrita entonces
debería utilizarse su copia en braille para una persona invidente. Otro
ejemplo: si mi trabajo se ubica en un segundo piso y soy usuario de silla de
ruedas, le corresponderá al empleador adaptar un ambiente en el primer piso o
instalar rampas”, finaliza.
Cabe señalar que el 14 de junio el Congreso de la República aprobó de
manera multipartidaria y por unanimidad (106 votos a favor) una nueva Ley
General de la Persona con Discapacidad que adecúa la legislación nacional al enfoque de derechos –no
asistencial ni médico- establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de las Naciones Unidas que el Estado peruano ratificó en Diciembre
del 2007.
No hay comentarios:
Publicar un comentario