En su informe el Comité señala su
preocupación por las denuncias de
prácticas violentas y discriminatorias contra las personas con discapacidad,
incluyendo menores con discapacidad, en entornos médicos, la
privación de la libertad sin acceso a las garantías jurídicas básicas y el uso
de medidas de restricción, así como la administración forzada y continua de
tratamientos como la terapia electroconvulsiva.
Asimismo, el
Comité ha mostrado su especial
preocupación por una Norma Técnica de Planificación Familiar 536/2005-MINSA,
del 26 de julio de 2005, que permite que personas con “incapacidad mental” sean
esterilizadas sin su consentimiento libre e informado (arts. 2, 12, 13, 14 y
16). Por ello recomienda al Estado que adopte el proyecto de ley sobre los
derechos de las personas con discapacidad, presentado al Congreso en marzo de
2011, y asegure que todas las garantías legales para las personas en las
instituciones sean respetadas, e insta al Estado peruano a investigar con
prontitud e imparcialidad, juzgar y sancionar a todas los responsables de malos
tratos. “El Estado Parte debería derogar con urgencia los decretos
administrativos que permiten la esterilización forzada de personas con
discapacidad mental”, dice el documento.
El Comité también ha solicitado al
Estado peruano a investigar y judicializar todos los casos de
esterilización forzada y proporcionar una reparación adecuada a las víctimas
(párrafo 15), lo cual debiera incluir a las personas con discapacidad víctimas
de dichas prácticas. La Defensoría del Pueblo, en su Informe Defensorial 102,
ha documentado una serie de prácticas en este sentido.
Es importante notar que la Alianza
Internacional de la Discapacidad (International Disability Alliance – IDA)
presentó un informe alternativo al informe del Estado peruano, lo que ha
permitido visibilizar la situación de las personas con discapacidad en las
observaciones finales.
Desde Sociedad y Discapacidad – Sodis
consideramos que éste es un importante precedente en el reconocimiento de los
derechos de las personas con discapacidad, que debiera servir para poner final
a las violaciones de derechos humanos de las que somos víctimas en una serie de
servicios. En ese sentido, hacemos un llamado al Estado peruano a cumplir con
las recomendaciones del Comité y, en particular, a aprobar con prontitud un
nuevo marco normativo en materia de discapacidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario