Por: Javier Diez Canseco
El Congreso acordó, por unanimidad el pasado 6,
insistir en la autógrafa de la nueva Ley General de Personas con Discapacidad
que el gobierno observó a mitad de año. Su promulgación por el presidente del
Congreso es cuestión de días: un paso clave para adecuar nuestra legislación a
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Ha tomado años, desde que ratificáramos la
Convención, procesar el cambio legislativo. Gracias al impulso de una
Iniciativa Ciudadana con más de 120.000 firmas reunidas en calles y plazas se
llevó el proyecto al Congreso anterior (pero no lo trató) y se logró que el
actual lo debata y sancione con nuevos aportes.
Es significativo que, paralelamente, el 4 de diciembre, los conservadores
republicanos le negaron a la Convención la votación necesaria para que el
Senado de EEUU la ratifique. Así, la primera potencia mundial aún no la
ratificó aunque ya Obama la suscribió. Ojo, en EEUU se calcula un 20% de la
población con alguna discapacidad física o mental, y apunto: la Convención ha
sido suscrita por 154 países y ratificada por 126. ¡A lo que llega el
sectarismo conservador!
Una pena, sin embargo, que hayamos perdido tiempo
por la observación del Ejecutivo. Se hubiera avanzado en la reglamentación de
la ley, con participación de las personas con discapacidad como establece la
Convención, y, sobre todo, se hubiera incluido la implementación de la ley en
el debate presupuestal 2013. Y es que, sin políticas definidas y dinero
asignado, las normas son papel mojado en tinta solamente. Se requiere nuevas
políticas y programas en educación, salud, transporte, promoción de empleo,
crédito, comunicaciones, deporte, investigación científica, etc., para aplicar
la ley aprobada y asignarles recursos presupuestales. Solo así se pueden
adecuar instalaciones, comprar equipos y auxilios ortopédicos, generar
servicios, nombrar personal especializado en diferentes niveles. Las primeras
tareas serán el reglamento –con intervención de las personas con discapacidad–
y el establecimiento de un verdadero Plan de Igualdad de Oportunidades con las
políticas, programas y recursos para, progresivamente, implementar la ley.
Felizmente el Presupuesto 2013 es de S/. 108.000
millones pero esperan recaudar S/. 118.000: hay un cómodo colchón de S/. 10.000
millones que pueden usarse en parte a estos efectos. Lo digo porque los
programas que logramos incluir como Presupuesto Por Resultados (PPR) para
discapacidad son muy pequeños: S/. 29 millones en educación, S/. 12,6 millones
en salud y minúsculos S/. 850.000 soles en promoción de empleo de jóvenes PCD:
¡ni 0,1% del presupuesto de S/. 108.000 millones! Los gobiernos regionales y
locales están “autorizados”, no obligados, a invertir una pequeñísima porción
de su presupuesto en el sector.
Importantes derechos ciudadanos se incorporan en
todas las áreas de la vida social (educación, salud, vivienda, barreras
arquitectónicas o comunicacionales y sanciones, deporte, promoción del empleo
junto a obligaciones públicas y de empresas privadas de más de 50 trabajadores,
etc.). Se establecen como nuevas obligaciones al Estado –nacional, regional y
local– que van desde proveer información e investigación sobre el tema de la
discapacidad (como la Encuesta sobre Discapacidad que debe culminar este mes) y
la realidad que enfrentamos, hasta asignar recursos para los programas y rendir
cuentas a la ONU. También aumentar el empleo para PCD a 5% y consultar
políticas sobre discapacidad a las personas con discapacidad. Nuevas
obligaciones a la sociedad (como 3% de empleo en empresas privadas de más de 50
trabajadores o descuentos en espectáculos culturales privados, cambios en
unidades de transporte accesibles) y nuevos retos a las PCD, sus
organizaciones, familias y las instituciones que trabajan con nosotros.
Diario La República,
10 de diciembre de 2012
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