Discapacidad, derechos y ciudadanía Por Javier Diez Canseco

Por: Javier Diez Canseco

El Congreso acordó, por unanimidad el pasado 6, insistir en la autógrafa de la nueva Ley General de Personas con Discapacidad que el gobierno observó a mitad de año. Su promulgación por el presidente del Congreso es cuestión de días: un paso clave para adecuar nuestra legislación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Ha tomado años, desde que ratificáramos la Convención, procesar el cambio legislativo. Gracias al impulso de una Iniciativa Ciudadana con más de 120.000 firmas reunidas en calles y plazas se llevó el proyecto al Congreso anterior (pero no lo trató) y se logró que el actual lo debata y sancione con nuevos aportes.

Es significativo que, paralelamente, el 4 de diciembre, los conservadores republicanos le negaron a la Convención la votación necesaria para que el Senado de EEUU la ratifique. Así, la primera potencia mundial aún no la ratificó aunque ya Obama la suscribió. Ojo, en EEUU se calcula un 20% de la población con alguna discapacidad física o mental, y apunto: la Convención ha sido suscrita por 154 países y ratificada por 126. ¡A lo que llega el sectarismo conservador!

 Una pena, sin embargo, que hayamos perdido tiempo por la observación del Ejecutivo. Se hubiera avanzado en la reglamentación de la ley, con participación de las personas con discapacidad como establece la Convención, y, sobre todo, se hubiera incluido la implementación de la ley en el debate presupuestal 2013. Y es que, sin políticas definidas y dinero asignado, las normas son papel mojado en tinta solamente. Se requiere nuevas políticas y programas en educación, salud, transporte, promoción de empleo, crédito, comunicaciones, deporte, investigación científica, etc., para aplicar la ley aprobada y asignarles recursos presupuestales. Solo así se pueden adecuar instalaciones, comprar equipos y auxilios ortopédicos, generar servicios, nombrar personal especializado en diferentes niveles. Las primeras tareas serán el reglamento –con intervención de las personas con discapacidad– y el establecimiento de un verdadero Plan de Igualdad de Oportunidades con las políticas, programas y recursos para, progresivamente, implementar la ley.

 Felizmente el Presupuesto 2013 es de S/. 108.000 millones pero esperan recaudar S/. 118.000: hay un cómodo colchón de S/. 10.000 millones que pueden usarse en parte a estos efectos. Lo digo porque los programas que logramos incluir como Presupuesto Por Resultados (PPR) para discapacidad son muy pequeños: S/. 29 millones en educación, S/. 12,6 millones en salud y minúsculos S/. 850.000 soles en promoción de empleo de jóvenes PCD: ¡ni 0,1% del presupuesto de S/. 108.000 millones! Los gobiernos regionales y locales están “autorizados”, no obligados, a invertir una pequeñísima porción de su presupuesto en el sector.

 Importantes derechos ciudadanos se incorporan en todas las áreas de la vida social (educación, salud, vivienda, barreras arquitectónicas o comunicacionales y sanciones, deporte, promoción del empleo junto a obligaciones públicas y de empresas privadas de más de 50 trabajadores, etc.). Se establecen como nuevas obligaciones al Estado –nacional, regional y local– que van desde proveer información e investigación sobre el tema de la discapacidad (como la Encuesta sobre Discapacidad que debe culminar este mes) y la realidad que enfrentamos, hasta asignar recursos para los programas y rendir cuentas a la ONU. También aumentar el empleo para PCD a 5% y consultar políticas sobre discapacidad a las personas con discapacidad. Nuevas obligaciones a la sociedad (como 3% de empleo en empresas privadas de más de 50 trabajadores o descuentos en espectáculos culturales privados, cambios en unidades de transporte accesibles) y nuevos retos a las PCD, sus organizaciones, familias y las instituciones que trabajan con nosotros.

Ha sido una gran batalla por derechos y por oportunidades que nos corresponden por ciudadanía. Un enorme esfuerzo de mucha gente y organizaciones, coronado hoy con un éxito colectivo. Ayudaron mucho hombres y mujeres de prensa comprometidos, medios escritos como La República, La Primera, Diario 16 y El Comercio;  organismos de DDHH como Aprodeh e IDL; gente de iglesias y ONGs. Sobre todo las organizaciones de PCD y sus familiares. Sintamos la satisfacción del logro colectivo hacia un Perú para todos, y mantengamos el compromiso de seguir adelante.

 

Diario La República, 10 de diciembre de 2012

Congreso de la República aprueba por insistencia nueva Ley General de la Persona con Discapacidad

Día histórico para las personas con discapacidad:

• La norma será promulgada por el Presidente del Congreso en los próximos días.
• Nueva ley establece, entre otras cosas, la obligación del sector público y privado de contratar personas con discapacidad

El Pleno del Congreso de la República aprobó anoche una nueva Ley General de la Persona con Discapacidad, que reemplazará a la vigente Ley 27050. La propuesta, que fuera observada por el Ejecutivo hace unos meses, fue aprobada por insistencia, con el voto unánime de los 87 congresistas presentes en la sesión.

La ley aprobada establece un nuevo marco legal e institucional en materia de discapacidad, que busca acabar con la discriminación, la exclusión y la pobreza de la que es víctima una gran mayoría de personas con esta condición. Javier Diez Canseco, uno de los principales promotores de la nueva ley, destacó que la ley aprobada incluye importantes avances en materia de accesibilidad, derechos civiles, empleo, educación y seguridad social. “Una de las cosas más importantes de la ley es su cambio de enfoque. La discapacidad ya no será abordada como un problema médico o de caridad, sino como uno de exclusión y falta de oportunidades”, dijo el parlamentario.

Es importante recordar que esta propuesta fue promovida por una coalición de distintas organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos, quienes presentaron una iniciativa ciudadana con el respaldo de más de 120 firmas, instituciones y medios de comunicación. En el camino se incorporaron propuestas de otras organizaciones y congresistas, lo que ha permitido que la propuesta se enriquezca y alcance mayor legitimidad.

“La idea de una nueva ley la gestamos a comienzos del 2009. Se necesitaron casi cuatro años, dos periodos parlamentarios y muchas manos para hacerla realidad. Pero valió la pena”, destacó Javier Diez Canseco.

Por su parte, Alberto Vásquez, Presidente de Sociedad y Discapacidad (Sodis), destacó la necesidad de que esta norma se transforme en un cambio efectivo en la forma cómo se han venido trabajando las políticas de discapacidad. “La nueva ley propone transversalizar las políticas y programas sobre discapacidad. Todos los sectores y niveles de gobierno tienen responsabilidades hacia las personas con discapacidad. Además, es importante que en la reglamentación de la ley se consulte a las organizaciones de personas con discapacidad”, afirmó.

Debido a que la ley ha sido aprobada por insistencia, será el Presidente del Congreso quién promulgue la ley.

Cada vez más empresas privadas tienen una política laboral inclusiva

 Empresas líderes toman la iniciativa en el empleo de personas con discapacidad

Trabajadores con discapacidad destacan por su dedicación y responsabilidad

Las empresas peruanas comienzan a incorporar a personas con discapacidad dentro de sus planillas. Es el caso de las conocidas marcas Renzo Costa, Universidad Textil y la empresa de venta de maquinaria pesada Ferreyros. Renzo Costa tiene entre su personal a 30 personas con discapacidad auditiva, Universal Textil ha empleado a 20, y Ferreyros ha contratado a seis personas con discapacidad y tiene como analista programador principal a una persona con discapacidad visual. En ese último caso, esta política es extensiva para todas sus sucursales pues en Arequipa tienen un trabajador con discapacidad auditiva ocupando el puesto de ayudante en el almacén de repuestos.

Este también es el caso de “Acosta Stock S.A.”, una empresa dedicada a la fabricación artesanal de joyería fina. Seis personas con discapacidad auditiva integran su plana de personal. Cuatro trabajan de forma especializada en el retoque de los modelos de cera, en preparar los moldes de las joyas, en eliminar el revestimiento de las piezas de metal, las otras dos trabajan en el área de grabados y diseño. Un usuario de muletas trabaja en atención al público, recibe los pedidos y coordina con los clientes. Todos cumplen con sus 8 horas diarias de trabajo, de 9 a 5 de la tarde, 48 horas semanales, como Virginia Gálvez quien es una persona sorda, tiene 45 años y trabaja desde hace tres años en la joyería.

Le costó mucho al gerente general y dueño de la empresa, Augusto Acosta, encontrar a personas con discapacidad para integrarlas a su personal. Dice que buscó durante un largo tiempo y no sabía a dónde recurrir pues no encontró en el Ministerio de Trabajo una base de datos ni servicios especializados de colocación laboral de personas con discapacidad –planteamiento que está considerado en la propuesta de nueva Ley general de la persona con discapacidad a punto de votarse en el Congreso.

El gerente subraya otros obstáculos que dificultan el futuro laboral de las personas con discapacidad: la falta formación y capacitación laboral. Esta es la principal barrera para obtener un puesto de trabajo. La exclusión del sistema educativo y la falta de formación técnica o universitaria reducen sus posibilidades para ser incluidos por el mercado laboral. “El tema es que los puestos de trabajo se pueden generar, sin embrago, hay pocos candidatos que respondan al perfil que se solicita, las personas con discapacidad necesitan tener educación desde la escuela, necesitan formación técnica, educación superior, se necesita mayor inversión”, dice Acosta.

Agusto Acosta destaca, sin embargo, que cuando una empresa está realmente comprometida y dispuesta a hacer los cambios que se necesitan para emplear personas con discapacidad, “hay que entrar con todo”: capacitar al personal y, también, sensibilizar a la comunidad laboral. “Si me ofrecen personal con discapacidad capacitado en las necesidades productivas de mi empresa no tendría ningún problema en contratarlo o recomendarlos, ellos son como todos”,  agrega el gerente de la joyería “Acosta Stock”.

Trabajadores con discapacidad: una buena estrategia de negocios

El presidente de Sociedad y Discapacidad (Sodis), Alberto Vásquez, señala que existen buenas razones para que las empresas contraten personas con discapacidad. “Más allá de la responsabilidad social, las personas con discapacidad, sus familias y amigos representan un segmento importante del mercado. Hablamos de millones de personas que van a preferir comprarle a empresas que contratan a personas con discapacidad”.

Las empresas que emplean a personas con discapacidad también gozan de beneficios tributarios que se traducen en menos impuestos y mayores ingresos. “Las empresas que no emplean personas con discapacidad no están aprovechando adecuadamente sus oportunidades de negocio. Además, contar con un entorno laboral inclusivo contribuye positivamente al clima laboral de las empresas mejorando sus procesos y servicios”, dice Vásquez.

Según un estudio realizado por el Congreso de la República, el 94% de las personas con discapacidad consideran que el derecho a un “trabajo digno” es el que menos se cumple. Alrededor del 76% de las personas con discapacidad se encuentran en condición de inactivas, y aquellas que participan en el mercado laboral, tienen una tasa de desempleo de 70% más alta que el de las personas sin discapacidad. Además, la cuota mínima obligatoria de trabajadores con discapacidad en el sector público no se cumple. “Una educación inclusiva, capacitación laboral de las personas con discapacidad y compromiso del sector estatal y privado son los elementos necesarios para la cadena de inclusión laboral”, agrega el presidente de Sodis.

DATOS

• El Programa POETA de la Fundación para las Américas OEA, el Proyecto Ágora Perú, B2D - Business to Disabled y el Centro Ann Sullivan del Perú brindan asesoría y apoyo a empresas que deseen incluir personas con discapacidad en su planilla.
• Otras empresas con buenas prácticas de inclusión laboral son Panificadora Bimbo, Supermercados Wong, Burger King, Banco de Comercio y J&V Resguardo.

Lima sin barreras. María Padilla:"La inclusión no es asistencialismo"

"Creo que entre el concepto de lo que debería ser inclusión y lo que la mayoría de las personas piensa que es inclusión hay un gran abismo. Lo que yo veo que las personas, la sociedad, nuestras autoridades, creen de que la inclusión es poner, colocar, es asistencialismo, es "pobrecito". Inclusive hasta piensan "la ley lo manda, hay que incluir". Pero inclusión va más allá de esa palabra. Inclusión es igualdad. Inclusión es respeto a las diferencias. Inclusión es otorgar y dar y respetar los derechos de un ser humano. Inclusión es que la persona se sienta bien. Inclusión es igualdad de oportunidades. 

Inclusión es que yo pueda hacer todo lo que quiera. Inclusión es accesibilidad en todo sentido. Eso es inclusión. Pero la educación inclusiva en nuestro país, en general, en las personas con discapacidad no se hace una inclusión, yo lo llamaría colocación. Están colocando a una persona con discapacidad, a un niño con discapacidad, de un lugar a otro, como si yo colocara una silla del lado izquierdo al lado derecho. Porque se habla de inclusión pero las escuelas no están preparadas para recibir a estos niños. Los docentes se sienten obligados, para los docentes es una carga. 

Los espacios, las personas, los alumnos, los padres de familia de los otros niños, no entienden lo que es discapacidad, no entienden lo que es diferencia, no entienden lo que es que ese ser humano es diferente a mí, y que necesita una manera de aprender, de leer, de comunicarse. Entonces, yo creo que la discapacidad no es la barrera, la barrera somos nosotros. No es que el "discapacitado", la sociedad está poniendo las barreras porque no les da a ellos lo que necesitan. 

Y si tú me preguntas sobre los sordos, pues los sordos creo que son uno de los grupos con los que más se está vulnerando sus derechos. Porque los sordos están de adornos en las aulas. Los sordos no tienen intérpretes. Los sordos no entienden. Los sordos se sientan, se frustran, se aburren, se salen de las escuelas, porque no entienden. ¿Tú te imaginas estar sentada en un aula día tras día, hora tras hora, sin entender nada? Entonces, tal vez aguantes un mes, dos meses, pero después te das cuenta. Entonces, la educación en nuestro país, la llamada inclusión en nuestro país, no tiene éxito, no es la correcta. Y está trayendo más frustración, más deserción, más rabia en las personas con discapacidad. Y de los sordos tengo muchos ejemplos, tengo mucho que decir y hay muchos casos que pueden decir que la educación inclusiva está siendo un fracaso para los sordos".

María Padilla, Fundación Pro Derechos Sordos Perú (Fundesord)

Comité ONU contra la Tortura pide aprobar la ley de discapacidad

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas se ha pronunciado respecto a la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad. El órgano que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura, en el marco de su 49° sesión desarrollada entre el 29 de octubre y el 23 de noviembre, acaba de emitir sus observaciones finales en relación al sexto informe periódico que el gobierno peruano presentó a este órgano.

En su informe el Comité señala su preocupación por las denuncias de prácticas violentas y discriminatorias contra las personas con discapacidad, incluyendo menores con discapacidad,  en entornos médicos, la privación de la libertad sin acceso a las garantías jurídicas básicas y el uso de medidas de restricción, así como la administración forzada y continua de tratamientos como la terapia electroconvulsiva.

Asimismo, el Comité  ha mostrado su especial preocupación por una Norma Técnica de Planificación Familiar 536/2005-MINSA, del 26 de julio de 2005, que permite que personas con “incapacidad mental” sean esterilizadas sin su consentimiento libre e informado (arts. 2, 12, 13, 14 y 16). Por ello recomienda al Estado que adopte el proyecto de ley sobre los derechos de las personas con discapacidad, presentado al Congreso en marzo de 2011, y asegure que todas las garantías legales para las personas en las instituciones sean respetadas, e insta al Estado peruano a investigar con prontitud e imparcialidad, juzgar y sancionar a todas los responsables de malos tratos. “El Estado Parte debería derogar con urgencia los decretos administrativos que permiten la esterilización forzada de personas con discapacidad mental”, dice el documento.

El Comité también ha solicitado al Estado peruano a  investigar y judicializar todos los casos de esterilización forzada y proporcionar una reparación adecuada a las víctimas (párrafo 15), lo cual debiera incluir a las personas con discapacidad víctimas de dichas prácticas. La Defensoría del Pueblo, en su Informe Defensorial 102, ha documentado una serie de prácticas en este sentido.

Es importante notar que la Alianza Internacional de la Discapacidad (International Disability Alliance – IDA) presentó un informe alternativo al informe del Estado peruano, lo que ha permitido visibilizar la situación de las personas con discapacidad en las observaciones finales.

Desde Sociedad y Discapacidad – Sodis consideramos que éste es un importante precedente en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, que debiera servir para poner final a las violaciones de derechos humanos de las que somos víctimas en una serie de servicios. En ese sentido, hacemos un llamado al Estado peruano a cumplir con las recomendaciones del Comité y, en particular, a aprobar con prontitud un nuevo marco normativo en materia de discapacidad.

 

Mayor información en: http://sodisperu.org/2012/11/28/comite-contra-la-tortura-de-la-onu-se-pronuncia-sobre-personas-con-discapacidad-en-el-peru/

"Las personas con discapacidad siempre han sido invisibilizados en las políticas públicas"

"Creo que se están dando los esfuerzos para que ese principio llamado de inclusión, que tiene que ver con la equidad, cada vez se impregne más, no solamente en las políticas, los programas y los servicios, sino también en la conciencia de todas las personas, de todos los peruanos y no peruanos en este Estado, en este país, en las funciones públicas y en el quehacer de los actores privados. Tenemos que conocer más sobre la temática de discapacidad, sobre las personas con discapacidad, advertir más dónde están, quiénes son, qué es lo que necesitan. 

Debemos cambiar ese chip tan prejuicioso y tan discriminador que muchas veces tenemos al momento de tratar con una persona con discapacidad o de no querer tratarla, y de ver en ella una enfermedad en lugar de ver que es una condición, y que por encima de todo es un niño, es una madre, es un padre o una madre de familia, es un adulto mayor, es una persona que estudia, que trabaja, y que al final su condición no la define como ser humano. 

Entonces, si vemos con agrado que actualmente, por ejemplo, esté a punto de aprobarse, y desde la Defensoría del Pueblo invocamos a las autoridades que sí se promulgue, se publique, la nueva Ley general de la persona con discapacidad, porque va a ser una ley que va a transmitir todos los derechos que las personas con discapacidad tienen, siempre han tenido, y que siempre han sido relegados, olvidados, excluidos, invisibilizados, en las políticas públicas. Una ley de este tipo, que pueda ser implementada en el corto, en el mediano y en el largo plazo, va a ser beneficioso en términos de derechos, en términos económicos, para las personas con discapacidad, para sus familias y para el Estado en general".

Malena Pineda, Jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad - Defensoría del Pueblo

Lima sin barreras. Luis Miguel del Aguila: "El Estado debe invertir en discapacidad"

Luis Miguel Del Águila: "Es un profundo error pensar que la inversión en discapacidad es un gasto, yo diría todo lo contrario. Siempre se piensa en cuánto gasta uno en la discapacidad o que gasta demasiado. Sin embargo, no se ponen a pensar en cuánto es lo que cuesta dejar a las personas con discapacidad sin bienes y servicios incluyentes e inclusivos por diseño universal. Porque una persona con discapacidad que no va al colegio, que no tiene una buena rehabilitación -que en algunos casos requiere invertir, es costosa- está condenada a convertirse en una carga para sí mismo, para su familia, pero a la larga, para la sociedad y para el Estado. 

Es decir, que aquello que el Estado no quiso invertir al comienzo para proveer los servicios de igualdad de oportunidades y de desarrollo de las propias personas con discapacidad para hacerlos contribuyentes al Estado, al final nos terminan convirtiendo en cargas para nosotros mismos y en una carga para el Estado que, lejos de ayudar en la lucha contra la pobreza, es un forado para la pobreza que nos va a hacer permanecer definitivamente en la pobreza".

Filósofo - Presidente Asociación de Distrofia Muscular